Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizarán un festival en La Plata para denunciar el “desguace” del organismo y alertar sobre el impacto del ajuste en el cordón frutihortícola del AMBA, el más importante del país. Desde ATE advierten que el Gobierno busca cerrar agencias, recortar funciones sociales y avanzar con negocios inmobiliarios sobre terrenos del instituto.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una nueva etapa de conflicto frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. Ante lo que describen como un “proceso de desguace”, trabajadores y trabajadoras del organismo realizarán el sábado 18 un festival en el centro de La Plata para visibilizar el impacto de las medidas sobre la producción del cordón frutihortícola de la región, el más importante del país.
El evento, bajo la consigna “Festival en defensa del INTA”, incluirá una feria de productores, muestras de proyectos, una radio abierta, proyecciones y presentaciones artísticas. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el personal técnico del instituto señalaron que la iniciativa busca alertar sobre el vaciamiento institucional y el debilitamiento de las políticas públicas vinculadas a la producción de alimentos frescos y la agricultura familiar.
El cordón frutihortícola de La Plata, Berisso y Ensenada abarca cerca de 5.000 hectáreas en las que trabajan más de 6.000 personas. Allí funcionan más de 2.200 explotaciones agropecuarias dedicadas a la producción de frutas, flores, hortalizas y plantas de vivero que abastecen a millones de consumidores del área metropolitana. El INTA tiene una presencia activa en esa zona a través de proyectos de investigación, extensión rural y acompañamiento técnico, especialmente con pequeños y medianos productores.
Desde ATE denunciaron que, en el último año y medio, las políticas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei, a través de decretos y resoluciones, apuntan a desmantelar la estructura del organismo. Aunque algunas medidas fueron frenadas por la Justicia y el Congreso, los trabajadores sostienen que “las intenciones de desguace siguen firmes”. El ingeniero agrónomo y delegado gremial Sebastián Fajardo explicó que las autoridades intentaron cerrar la experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con sede en Ituzaingó y presencia en toda la zona que va de Escobar a La Plata, lo que implicaría la pérdida de presencia territorial en el principal cinturón productivo de alimentos frescos del país.
El delegado agregó que la ofensiva oficial se enmarca en el objetivo de alcanzar el déficit cero, pero también en una visión que considera innecesarias las tareas sociales del instituto. “El proyecto de ellos es cerrar el sistema de extensión rural y más de 300 agencias en todo el país”, advirtió Fajardo. Según señaló, detrás de los recortes también hay intereses económicos vinculados a la venta de tierras e inmuebles, como las 30 hectáreas que el INTA posee en Ituzaingó, en una zona de alto valor inmobiliario.
Los trabajadores estiman que el organismo ya perdió cerca del 10 por ciento de su planta por despidos, retiros voluntarios y renuncias motivadas por la caída salarial y el desgaste profesional. “El vaciamiento avanza también por el éxodo hacia el sector privado y la pérdida de grupos de investigación”, sostuvo el gremialista.
Pese al escenario adverso, Fajardo destacó la reacción social y política frente a los intentos de desmantelamiento. “Este último semestre hubo una respuesta muy buena de los sectores del INTA, de la política y del campo, tanto de las organizaciones más grandes como de la agricultura familiar. Eso nos da fuerzas para seguir”, expresó.
La avanzada sobre el INTA se formalizó con el Decreto 571/2025, impulsado por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, que suprimió la Dirección Nacional y amplió las facultades de la Presidencia, reestructurando la conducción interna. Antes, el Decreto 462/2025 había intentado transformar al instituto en un organismo desconcentrado, pero la medida fue rechazada por el Congreso.
Los trabajadores advierten que, si el Gobierno avanza con este proceso, el INTA podría perder su capacidad de acción territorial y su rol en la producción y la soberanía alimentaria. “Si destruyen el sistema de extensión, se pierde el vínculo con los productores y con la sociedad. Es el primer paso hacia el vaciamiento total”, concluyó Fajardo.
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