El Gobierno recalculó su estrategia para reducir la planta estatal en las empresas públicas: los retiros voluntarios en organismos descentralizados y entidades ahora necesitarán un «doble aval» para llevarse a cabo. Es por el impacto fiscal de los miles de millones destinados a ese ítem hasta el momento.
Por la Resolución 50/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, la aprobación de este proceso exigirá la intervención previa y favorable de la Subsecretaría de Presupuesto y de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Se trata de dos áreas controladas por ministros distintos: la primera por Luis Caputo y la segunda por Federico Sturzenegger, quien hasta el momento fue el único encargado del proceso de achicar la planta estatal.
Siendo una Resolución que tiene la firma de Maximiliano Fariña (Transformación del Estado), quien es en la práctica la mano derecha de Sturzenegger, y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el responsable de la planilla de ingresos y gastos de Caputo.
Según explicaron fuentes del ministerio de Transformación del Estado a Infobae, la decisión se debe a que todos los programas de retiro voluntario generan un impacto presupuestario.
“Ya sea en términos de costos presentes o de ahorros futuros. Y a la vez, se encuentran estrechamente vinculados con las políticas de empleo público”, explicaron las fuentes, por lo que el diseño del mismo debe trabajarse entre las dos áreas.
La Resolución tiene como objetivo ordenar y formalizar las intervenciones y procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora continua de los procesos administrativos. Y se dictó en un momento en donde la meta de superávit fiscal (1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)) comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pone en dudas, dado el costo de la medida de retenciones cero que duró menos de tres días.
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