Ted Bodin operaba desde 1984. Había construido una cadena de puntos de venta en todo el país. La caída de la demanda y el impacto de jugadores globales como Shein y Temu, que permiten comprar indumentaria a bajo costo con entrega directa en el país, la llevó a la quiebra.
Fundada en 1984, Ted Bodin construyó su posicionamiento como marca de indumentaria femenina con presencia en centros comerciales y una red de locales en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Su esquema se apoyaba en la venta en consignación y en una estructura comercial extendida, con cerca de 40 puntos de venta entre locales propios, alquilados y compartidos.
Ese modelo comenzó a desarticularse en los últimos dos años. En su presentación judicial dada a conocer por Ámbito Financiero, la empresa es directa: “la caída de ventas es la principal causa de nuestro desequilibrio económico”, con una baja superior al 40% en términos reales.
El cambio en el consumo aparece como uno de los factores centrales. La firma reconoce que “el público priorizó el precio a cualquier otra variable”, en un mercado donde la oferta se amplió con productos importados y nuevas plataformas digitales.
En ese sentido, el expediente menciona explícitamente el impacto de jugadores globales como Shein y Temu, que permiten comprar indumentaria a bajo costo con entrega directa en el país, afectando el tráfico en locales físicos y presionando sobre los precios.
A ese escenario se sumó una estructura de costos difícil de sostener: alquileres ajustados por inflación, carga impositiva en múltiples niveles y costos financieros elevados. El resultado fue un rojo significativo: pérdidas por más de $350 millones en 2025, con proyecciones negativas hacia adelante. El desequilibrio también se refleja en su situación patrimonial. La compañía acumula pasivos por más de $2.005 millones, frente a activos por unos $780 millones, lo que evidencia un cuadro de iliquidez estructural.
Dentro de ese endeudamiento, la compañía concentra acreedores comerciales por $704,7 millones, deudas fiscales por $689,8 millones, indemnizaciones laborales por $520,4 millones y compromisos sociales por $90 millones, configurando un pasivo de gran magnitud frente a su capacidad operativa actual. En ese marco, la cesación de pagos fue fijada en abril de 2025, cuando la empresa dejó de cumplir con proveedores y obligaciones corrientes, en un contexto donde , según reconoce, “ya no hay más recursos sino deudas”.
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