Una maniobra contra las causas de lesa humanidad La justicia investiga a un alto mando de la Armada por intentar destruir documentación

Mientras el gobierno nacional impulsa una reivindicación de las Fuerzas Armadas, la justicia federal investiga a un alto mando de la Armada por haber ordenado la destrucción de documentación que podría ser prueba en causas por crímenes de lesa humanidad.

A principios de mes, el fiscal Félix Crous, responsable de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, denunció al vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada.

El 8 de enero, Coré había firmado un mensaje naval reservado que ordenaba el traslado del Archivo General de la Armada (AGA), del barrio de San Telmo al lugar conocido como Taller Central. También se disponía que, a partir del 10 de febrero, se triturara información.

El tema tomó estado público a partir de un comunicado de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA), que advirtió que entre los papeles a destruir podría haber información clave para las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Querellas y fiscalías presentaron pedidos para evitar la mudanza y la eliminación de la documentación. La primera jueza en frenar el traslado fue Alicia Vence, de San Martín, pero hubo decisiones en la misma línea de magistrados de otras jurisdicciones, como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires.

Como contó este diario, la Armada intentó ocultar quién había dado la orden de la mudanza y la destrucción de la información, aunque finalmente envió los documentos al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que juzga los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Una vez establecido que la disposición fue tomada por Coré, el fiscal Crous lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público –ya que con su decisión se violaba incluso normativa interna sobre el tratamiento de archivos– y por tentativa de destrucción de medios de prueba. Según indicaron en Comodoro Py a Página/12, el fiscal Ramiro González impulsó la investigación. La pesquisa tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas, el juez que tiene la causa más voluminosa por crímenes de lesa humanidad en la Ciudad de Buenos Aires: la que se centra en el accionar del Primer Cuerpo de Ejército.

La intención de destruir documentos debe leerse en su contexto, sostiene Crous en la denuncia. Entre otros hechos, destaca:

• En febrero de 2024, se hizo público que el subsecretario Guillermo Madero había rechazado enviar documentación que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –encargada de buscar a los bebés robados durante la dictadura– le estaba requiriendo al Ministerio de Defensa.
• El 26 de mayo de 2024, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también rechazó cooperar con la Conadi por ser un “organismo militante”.
• El 2 de julio de 2024, Luis Petri oficializó la resolución a través de la cual eliminaba los equipos de relevamiento y análisis que trabajaban con los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad.
• El 13 de agosto de 2024, el presidente Javier Milei eliminó, por decreto, la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba en el interior de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a archivos estatales.
• En mayo de este año, Milei degradó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a subsecretaría. En el mismo movimiento, desjerarquizó el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se resguarda el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y el Museo Sitio ESMA.

“La negativa a contestar requerimientos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la eliminación del Grupo de Trabajo Permanente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y la disolución de la Unidad de Investigación de la Desaparición de Niños resultaron los prolegómenos del mensaje naval reservado GFH R 080240”, sostuvo Crous en su denuncia, que fue impulsada por González.

“Asimismo, la esterilización del Archivo Nacional de la Memoria unos pocos meses después de verse frustrado el intento de eliminación de los documentos en guarda en el Archivo General de la Armada no hace más que exhibir el esfuerzo persistente y coordinado dirigido a obstruir la preservación de la prueba de los delitos cometidos durante la última dictadura, cuyos máximos responsables deben determinarse mediante la investigación pertinente”, subrayó.

La Armada tiene un largo historial de destrucción de documentación, que comenzó durante la dictadura. Entre 1982 y 1984, funcionó la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese), que se ocupó de eliminar los archivos del accionar del grupo de tareas de la ESMA, entre otros. En democracia, la Marina también adulteró los legajos de algunos de sus integrantes, como Alfredo Astiz y Horacio Luis Ferrari –tema que también está siendo investigado por la justicia federal.

Tras las elecciones del 26 de octubre, el gobierno redobló su apuesta negacionista. El 6 de noviembre, Petri celebró como un hito de su gestión haber desarmado el “nefasto grupo de trabajo” de archivos, que, según él, se dedicaba a “carpetear” a quienes tenían “antepasados” vinculados a los años ‘70.

El sábado, el ciclo se completó con el anuncio de que el jefe del Ejército, Carlos Presti, pasará a reemplazar a Petri en el Ministerio de Defensa. Seguirá teniendo estado militar, lo que rompe con una tradición de más de 40 años, que busca la desmilitarización de la Defensa y la no partidización de las Fuerzas Armadas. Presti es, además, hijo de Roque Presti, quien, como jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, fue responsable de secuestros y desapariciones durante los primeros años de la dictadura.

En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, acudió a una cita ante un comité de Naciones Unidas y aprovechó esa plataforma para relativizar la magnitud de los crímenes de la dictadura y acusar a los organismos de falsear la verdad.