Los acontecimientos que se han ido acumulando en los prolegómenos de la actual crisis apuntaban, con inquietante claridad, hacia una escalada mayor: ataques a embarcaciones, secuestro de petroleros, autorización de operaciones encubiertas a la CIA y el desplazamiento al Caribe de un contingente militar sin precedentes, con presencia de activos estratégicos de primera magnitud. En ese contexto, Estados Unidos ha atacado de madrugada el territorio venezolano en numerosos puntos.
A la hora de escribir esta nota, el presidente estadounidense ha difundido en sus redes sociales la afirmación de haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Esta información no ha sido confirmada ni desmentida por el Gobierno venezolano hasta este momento. Al mismo tiempo, el anuncio se inscribe en una secuencia de hechos que, de confirmarse, constituirían una agresión militar de alcance histórico.
La magnitud de lo ocurrido sitúa a América Latina ante la primera agresión militar directa de Estados Unidos desde la invasión de Granada, en 1983. Se trataría de un acto desprovisto de cualquier aval jurídico internacional y realizado sin siquiera el intento de construir una apariencia de legalidad. La ruptura con el derecho internacional público aparece aquí como práctica asumida y proclamada. La administración de Donald Trump ha convertido en norma las sanciones unilaterales, la apropiación de recursos estratégicos, la coerción económica contra Estados soberanos y la deslegitimación de los mecanismos multilaterales cuando estos investigan a sus aliados.
La sanción a miembros de la Corte Penal Internacional por investigar a Benjamín Netanyahu, el robo de petroleros acompañado del alarde público de apropiarse de su carga, o la imposición de medidas coercitivas contra países como México, Colombia o Brasil por ejercer su soberanía configuran un patrón coherente de conducta. A ello se suman declaraciones explícitas de anexión o control territorial bajo el argumento de la “seguridad nacional”, como el anuncio de apropiarse de Groenlandia porque Estados Unidos “la necesita”. Lejos de ser episodios aislados, estos hechos expresan una doctrina de poder basada en la fuerza, la intimidación y el desprecio consciente de cualquier límite normativo.
Este patrón responde a una concepción del poder que desprecia la legalidad internacional, convierte la violencia en criterio de legitimidad y presenta la expansión imperial como derecho natural del más fuerte. En esa lógica, el liderazgo político se construye sobre la exaltación narcisista del mando y la reivindicación abierta del pisoteo de cualquier norma. El resultado es un peligro sistémico para la humanidad y para la propia subsistencia del planeta: nunca un perfil tan abiertamente autorreferencial y desprovisto de contención ética había acumulado semejante concentración de poder militar, económico y comunicacional.
La respuesta de la comunidad internacional exige una ruptura con la inercia de las declaraciones rituales y los comunicados de preocupación formal. La historia demuestra que el fascismo, cuando adopta forma imperial y expansiva, avanza allí donde no encuentra resistencia organizada. La experiencia del siglo XX confirma que los comunicados no detienen la agresión; la contención eficaz requiere coordinación política, firmeza diplomática y acciones proporcionadas que hagan respetar la soberanía y el derecho internacional. Enfrentar este neofascismo implica asumir costos políticos, económicos y diplomáticos, y construir alianzas capaces de imponer límites reales al ejercicio arbitrario del poder.
En este escenario, la ciudadanía organizada desempeña un papel decisivo. La defensa de la democracia y de la soberanía de los pueblos requiere movilización social sostenida, presencia en las calles y una interpelación directa a los gobiernos para que actúen con coherencia. La pasividad, el cálculo y la tibieza han producido consecuencias devastadoras. El genocidio que Israel, con el patrocinio, el apoyo y la protección de Estados Unidos, ejecuta contra el pueblo palestino en Gaza constituye una prueba dolorosa de los efectos de la impunidad y de la subordinación de la legalidad a la fuerza. La coherencia democrática exige hoy una posición activa, visible y sostenida.
