El Ejecutivo retrocedió y suspendió la aplicación del decreto que desreguló el servicio. Ahora, además, conformará una mesa de trabajo con el sector. Los prácticos vuelven a tomar tareas y se empieza a regularizar la actividad en los principales puertos del país. La cruzada de Sturzenegger representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.
Tras una protesta que detuvo la actividad en los puertos del país y que generó multimillonarias pérdidas para el comercio exterior, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026 publicado en el Boletín Oficial, que había impulsado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La medida había desregulado los servicios de practicaje y pilotaje y causó la rebelión de los prácticos que pusieron en suspenso la totalidad del sector. Ahora, habiendo retrocedido como pocas veces sucedió con la gestión libertaria, la Casa Rosada acordó conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos de la actividad.
La instancia será coordinada por el Gobierno y contará con representantes de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Las conversaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos incluidos en la normativa.
Los prácticos, por su parte, retomaron sus tareas de manera inmediata luego de haber interrumpido la asistencia a embarcaciones argentinas y extranjeras en rechazo a la desregulación.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica instalada.
«Alivio», fue lo que se limitaron a decir desde el sector a esta agencia ante la desestimación por parte del Gobierno. El parate en los puertos representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.
El conflicto, que se le había ido de las manos a la gestión libertaria y empezaba a mostrar el desorden en las relaciones laborales promovido por el Ejecutivo, tuvo a más de 150 buques que permanecieron detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos.
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