La reconversión de la Base Aeronaval Punta Indio fue presentada como una “reorganización estratégica” diseñada por el Ministerio de Defensa y ejecutada por la Armada, pero se trata de un nuevo fruto del achicamiento del Estado que impulsa Javier Milei, que aceleró la ejecución forzada de esta medida como consecuencia de las fuertes restricciones presupuestarias. Esto impacta de lleno contra la vida de quienes viven en Punta Indio, que por estas horas atestigua un atentado contra su principal fuente de empleo.
La postura oficial habla de “eficiencia y modernización”, pero la realidad lo dice a gritos: es el recorte presupuestario del gobierno nacional lo que atenta contra la base. Las autoridades aseguran que el traslado de la Escuadrilla de B-200, de la Escuela de Aviación Naval y de los aviones Turbo Mentor se fundamenta en criterios estrictamente operativos y logísticos, y apenas hablan de una “optimización de recursos”. Este último ítem suena liviano, pero el peso de dicha “optimización” cae con fuerza sobre más de 185 familias civiles que ven su empleo en jaque y 300 familias de militares que en muchos casos serán trasladados. Hasta el momento, en las reuniones que se realizaron entre autoridades y trabajadores hay llantos, enojo e incertidumbre.
Sin embargo, el problema también abarca a todos los habitantes del distrito. La masa salarial de la base mueve 600 millones de pesos mensuales, que se gastan íntegramente en los comercios locales. Si la Armada avanza con la reconversión, el impacto en la economía de Punta Indio sería drástico porque alrededor de 400 millones de pesos se esfumarían impactando de lleno en una ya dañada matriz productiva local.
Ante ello, afloró la organización multisectorial y vecinos, trabajadores, comerciantes, dirigentes, concejales, y funcionarios se reunieron este viernes y desbordaron el salón de actos del Club Verónica.
A pesar de la desesperación que reina actualmente en Punta Indio, esta medida es un eslabón más en la cadena de problemas que atraviesan las Fuerzas Armadas a nivel nacional, ya que desde 2024 en adelante, la estrategia militar está totalmente condicionada por la motosierra que presidente se empeña en no apagar. De hecho, se jacta de no hacerlo. Sin ir más lejos, cuando el contraalmirante Román Olivero se dirigió al distrito para comunicar oficialmente la noticia, venía de anunciar en Bahía Blanca el retiro definitivo y cierre de la histórica escuadrilla de aviones Super Étendard, en la Base Aeronaval Comandante Espora, una medida que afecta de forma directa a unos 100 trabajadores militares y técnicos de la base bahiense.
La asfixia presupuestaria aplicada por La Libertad Avanza se visibiliza en los severos recortes de los gastos de funcionamiento generales de Defensa, que obligan a la Armada a replegarse y cerrar instalaciones secundarias porque resulta inviable mantener abiertas múltiples cabeceras. Es por ello que la conversión de la base en una mera “estación aeronaval” de apoyo técnico oficia como antesala de despidos o retiros a mediano plazo del personal civil.
El impacto del ajuste presupuestario de Javier Milei en las Fuerzas Armadas denota una profunda paradoja entre la narrativa política de revalorización militar que tiene el Presidente, y el severo ahogo financiero que lleva a cabo en el terreno operativo. Mientras que el gobierno nacional capitaliza gestos simbólicos de alto impacto como desfiles masivos, o la compra de los aviones caza F-16 a Dinamarca, los cuarteles sufren a diario el peso de la doctrina del recorte permanente.
El gasto del destinado a Defensa se desplomó hasta situarse en torno al 0,28% del PBI y consolidó uno de los pisos de inversión militar más bajos en la historia reciente. Para colmo, meses atrás, la Jefatura de Gabinete ejecutó un recorte adicional de casi 60 mil millones de pesos, repartido entre el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Otro de los golpes estructurales más duros fue la modificación del financiamiento militar mediante la eliminación de la obligatoriedad del Fondo Nacional de la Defensa, el Fondef. Creado por ley en 2020, ese fondo garantizaba que el 0,8% de los ingresos corrientes del Estado se destinaran de forma exclusiva a reequipar a las fuerzas. Al eliminarse este piso legal, los programas de modernización quedaron congelados y se suspendieron planes claves. El discurso en torno a la revalorización de las Fuerzas Armadas, choca de lleno contra la realidad libertaria. La única verdad.
En el plano operativo, la escasez de giros de fondos impacta en las tareas más básicas y cotidianas del personal militar. Se redujeron al mínimo las partidas destinadas a sostén logístico, afectando el combustible, los lubricantes y los insumos. A nivel nacional, diversas unidades reportaron dificultades extremas para afrontar el pago de servicios de luz, gas y la provisión de comida para la tropa dentro de los cuarteles. En algunos casos, mandos de guarniciones llegaron a evaluar mecanismos de trueque o canje para obtener repuestos a cambio de alimentos excedentes de producción propia.
Al igual que todo el país, las Fuerzas Armadas sufren además una fuerte crisis salarial. A comienzos de 2024, Javier Milei postergó los tramos pendientes de la “jerarquización salarial” planificada por la gestión anterior. Al quedar atados a los aumentos generales de la administración pública nacional, que corrieron muy por debajo de la inflación acumulada, los sueldos militares de desplomaron.
Esto generó un éxodo récord, ya que la pérdida de poder adquisitivo provocó la renuncia de más de 18.000 efectivos en los últimos dos años. Cuadros altamente capacitados, como pilotos y fuerzas especiales, abandonaron las armas. Además, los uniformados no fueron la excepción a la regla que rige hoy en Argentina, donde un empleo no alcanza para vivir. Sectores internos admitieron que miles de integrantes de las fuerzas debieron recurrir a un empleo paralelo para llegar a fin de mes, y se alertaron por la cantidad de efectivos endeudados en altos niveles.
La reconversión de la Base Aeronaval Punta Indio es otro triste capítulo del desmantelamiento que impulsa el gobierno de Milei, pero no es un episodio más, porque pone en riesgo la vida de todo un distrito, condicionando su presente y su futuro, e incrementando las problemáticas económicas que ya se plasman en la realidad. La única verdad.
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