La medida de fuerza se inició en respuesta a la detención de dos delegados de la Línea B, entre ellos Carlos Dellacarbonara, quienes abrieron los molinetes del subte para protestar, precisamente sin hacer paro, contra el ingreso de personal tercerizado para realizar tareas de mantenimiento, cuando hay trabajadores del área bajo convenio. Actualmente «el servicio se encuentra interrumpido en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta». La Policía de la Ciudad actuó por orden de la fiscal Celsa Ramírez. El gremio exige la liberación inmediata y el cese de la tercerización ilegal en Emova.
La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, dispuso un paro total de todas las líneas de subte y premetro en respuesta a la detención de dos de sus delegados de la Línea B durante una protesta. Según trascendió, los trabajadores, entre los que se encuentra Carlos Dellecarbonara, realizaron una apertura de molinetes para denunciar «la presencia de empresa tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento».
Una queja que suelen recibir los trabajadores del transporte es que el paro de sus actividades afecta a otros trabajadores que no pueden viajar, en esta oportunidad AGTSyP decide evitar hacer paro, abre los molinetes para que los trabajadores viajen gratis en forma de protesta, y los llevan detenidos. La Policía de la Ciudad intervino y se llevó a dos delegados bajo las órdenes de la fiscal Celsa Ramírez. Mientras lo esposaban, el dirigente increpaba a los uniformados que intervinieron en el conflicto laboral con la empresa: «Nosotros estamos defendiendo a los trabajadores, ¿ustedes a quién defienden?».
Ante este escenario, el gremio paralizó por completo el servicio de transporte y responsabilizó directamente a la empresa por la escalada del conflicto. «La empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz social», habían advertido desde la AGTSyP. La organización exige el cese inmediato del fraude laboral y la liberación de los delegados detenidos, denunciando lo que consideran una clara criminalización de la protesta y de la actividad sindical.
El origen del conflicto se remonta a la detección, por parte del sindicato, de la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas que son propias de los trabajadores de mantenimiento. Ante esta situación, el plenario de delegados resolvió rechazar la tercerización de tareas, al considerar que esta modalidad constituye una «clara violación» al convenio colectivo de trabajo y una forma de contratación ilegal. Según explicaron, Emova utiliza este mecanismo para «emparchar» el faltante de personal en sus planteles.
En un comunicado emitido la noche previa, la AGTSyP ya había declarado el estado de alerta, exigiendo el cese inmediato de este accionar y advirtiendo sobre las consecuencias que traería aparejada la continuidad de esta política. La detención de los dos delegados durante la protesta terminó de desatar un paro total que afecta a miles de usuarios y que marca un nuevo capítulo en la tensión entre los trabajadores del subte y la concesionaria Emova, en un contexto de creciente conflictividad laboral y judicialización de las demandas sindicales.
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