La Federación Argentina de Remises presentó un pedido formal para frenar la Licitación Pública que busca registrar a las Empresas de Redes de Transporte (Uber y DiDi). Denuncian que la normativa les exige solo un domicilio y la inscripción ante AGIP, mientras que a remises, taxis y apps de delivery se les exige CUIT, habilitación y registro de vehículos. «Van en contra de las agencias de remises pero también de los intereses de los porteños porque no pagan impuestos», advirtió el secretario general Alejandro Poli.

La Federación Argentina de Remises (FAREM) redobló la presión contra las plataformas de transporte y presentó una solicitud formal ante la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se suspenda de manera urgente la licitación del módulo de registro de empresas con aplicaciones de transporte privado de pasajeros. A través de un escrito firmado por su secretario general, Alejandro Poli, y su secretario gremial, Mario Casciano, la entidad solicitó que el Estado porteño se abstenga de preadjudicar, adjudicar, contratar o implementar el sistema, y exigió la nulidad absoluta de la Disposición N° 26/DGGSM/26 que llama a la Licitación Pública Nacional N° 3125-1638-LPU26.

El eje central del reclamo es la profunda asimetría normativa que, según la federación, se pretende institucionalizar. En diálogo con InfoGremiales, Poli explicó que la Ciudad cuenta con un régimen de jerarquía legal, integrado por el capítulo 6 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el Decreto 167/98 (RUREM) y la Ley 2148 de Tránsito y Transporte, que impone la inscripción ante ARCA, la habilitación de la agencia, la registración individual de cada vehículo y la nómina de conductores en un registro público. Sin embargo, la Resolución 99/SECT/26 exime a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) de todas esas exigencias, requiriéndoles únicamente un estatuto, un domicilio y la inscripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

«¿Por qué le permiten a estas empresas que son Uber y DiDi no tener CUIT en CABA y en todo el país, y le quieren hacer un régimen, una licitación, para controlar una empresa que no tiene CUIT en la Argentina?», se preguntó Poli. El dirigente contrastó esta situación con la de otros actores del ecosistema de movilidad y logística: las agencias de remises tradicionales, los taxis y hasta las empresas de delivery, que deben inscribirse en el RUTRAMUR, están obligadas a tener CUIT. En la misma licitación, el módulo RUTRAMUR exige a las plataformas de reparto la identificación de cada repartidor, su alta temprana y la nómina de personal, un estándar que, denuncian, no se aplica a Uber ni a DiDi.

La federación también presentó como ejemplo el caso de Cabify, que a su llegada al país cumplió con todas las normativas. «Cabify llegó a la Argentina, abrió una agencia, sacó CUIT, habilitó los autos y presta el mismo servicio. ¿Cuál es la diferencia si las tres cumplen el mismo servicio?», sostuvo Poli, quien agregó que lo más sencillo sería exigirles a las plataformas transnacionales abrir una agencia de remis y registrarse como cualquier otra empresa. En ese sentido, advirtió sobre el impacto económico de la medida: «Siguen las apps transnacionales llevándose entre el 40 y el 50% de los viajes según el algoritmo, porque los choferes ganan cada vez menos, y el Gobierno de la Ciudad no ejerce el poder que tiene que ejercer el intendente».

El escrito judicial también advierte que la licitación, cuyo presupuesto asciende a $41.000.000, busca transformar una práctica que ya fue declarada ilegítima por la Justicia. La presentación cita el fallo del 30 de abril de 2026 de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que ordenó al Gobierno de la Ciudad corregir su omisión de controlar a las plataformas digitales. «El GCBA quiere implementar este decreto que está incumpliendo el fallo de la Justicia», denunció Poli, al tiempo que cuestionó el doble estándar del Ejecutivo porteño: «Persigue al vendedor ambulante, a la abuela que vende unos buñuelos, y no persigue a estas dos transnacionales que se llevan el 50% de lo que recauda cada trabajador».

Frente a la falta de respuestas y la avanzada de la Ciudad, FAREM anticipó que, en paralelo a esta presentación administrativa, promoverá una acción de amparo colectivo con pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo. Asimismo, dejaron constancia de que evaluarán denuncias penales por posible abuso de autoridad ante el «abordaje dispar, arbitrario y notoriamente diferenciado» que aplica el Gobierno porteño sobre un mismo universo regulado, consolidando un «estado registral ficticio» que deja a los trabajadores sin un empleador real, habilitado y sujeto a control estatal ante el cual reclamar.

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