La CTA Autónoma junto a otras organizaciones presentó este miércoles una medida cautelar ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de no convalidar el endeudamiento con el FMI «por ser la estafa más grande de la historia de la deuda pública de Argentina», afirmó Hugo «Cachorro» Godoy, secretario Adjunto de la central.
Este miércoles 15 de diciembre, La CTA-A conducida por Ricardo Peidró y Hugo «Cachorro» Godoy presentó junto a representantes de otras organizaciones, una medida cautelar ante la CIDH para piden al tribunal internacional el no pago de la deuda pública de nuestro país por considerarla una «estafa».
«Tomamos como fundamentos las denuncias penales presentadas por Claudio Lozano, Director del Banco Nación y Jonathan Valdivieso; la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNeR) y el decreto presidencial 239/2021 por el cual se instruyó al Procurador General a que se presente como querellante.», detalló Godoy.
Entre los argumentos para el reclamo marcan las «visibles evidencias de las irregularidades cometidas por los funcionarios de Cambiemos, que gobernaba por aquel entonces, para tomar el crédito de USD 57.000 millones violando hasta el propio estatuto del organismo internacional.»
Y agregó: «En diferentes instancias, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y el Banco Central explicaron y detallaron con argumentos sólidos que dichos procedimientos no contaron con la “autorización suficiente”, que con “las ventas de divisas se obtuvieron enormes ganancias” y que se facilitó la “fuga de capitales”. Todo un entramado que se diseñó sin pasar por el Congreso de la Nación.»
Ante la pregunta que pudiera surgir sobre por qué considerarlo un asunto de Derechos Humanos, Godoy afirma que «convalidar la deuda es legalizar una estafa titánica que recaerá sobre el pueblo argentino.»
«La presentación de la medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos permitir disponer de derechos y oportunidades de normas y cartas orgánicas que nos amparan como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Desarrollo Progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.», enumeró el también dirigente de estatales en ATE a nivel nacional.
También señaló que USD 86 mil millones de toda esa deuda tomada por la gestión de Mauricio Macri se fugaron sin más y que esto tuvo como consecuencias aumento del desempleo y deterioro en la distribución del ingreso, por lo que piden que este asunto quede en manos de la justicia.
«Firmar un acuerdo en estas condiciones sería convalidar las irregularidades e ilegalidades mencionadas. Nuestro planteo es concreto: las deudas se pagan, las estafas no, por eso es imprescindible que la justicia se pronuncie antes de rubricar un nuevo acuerdo.»
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