Los documentos muestran que la cooperación de ADEBA no fue sólo declarativa. Narciso Ocampo, presidente de la asociación de bancos entre 1974 y 1980, le dirigió una carta al gobierno dictatorial para aportar al proyecto económico a largo plazo. “Corresponde señalar que el documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones institucional que el país requiere en esta hora crucial de su desenvolvimiento”, indica el texto con fecha del 3 de abril de 1978 al que tuvo acceso Tiempo Argentino como parte del material que presentó el ministro de Defensa Agustín Rossi. El funcionario nacional resaltó que “en los documentos se ve el Plan de Acción del jefe de Planificación, general Díaz Bessone, donde da cuenta de los planes de Gobierno de la Junta que constaban de dos partes: la fundacional, que llegaba hasta los `90, y la segunda, o nueva república, en la que pensaban llegar hasta el 2000”. Entre esa documentación, había una carta de la Asociación de Bancos con “un aporte al plan de gobierno”, fechada “durante la dictadura militar”, en tanto que se ve que en la mayoría de las discusiones de la Junta Militar el “problema” de los desaparecidos es abordado en “torno a qué decir a la opinión pública”.
Así, los hombres del mundo financiero dieron su diagnóstico de la situación que se vivía en los ’70 y entregaron una “apreciación de la situación del área de Economía al año 2000”. Dieron su punto de vista sobre los “aportes” que la economía podía hacer a todos los sectores y, en ese contexto, incluyeron “objetivos específicos de orden sectorial”. Trsd las recomendaciones del curso de acción propuesto al ministro de Planeamiento Carlos E. Laidlaw sacaban a relucir cuál era la mejor forma de beneficiarlos. Sin embargo, la asociación de bancos no mantuvo en las sombras su apoyo a la última dictadura cívico militar, sino que recorriendo los diarios de aquella época se puede observar la forma en la que sostenían al gobierno. “La Asociación de Bancos de Capital y dirección argentinos, reitera hoy su adhesión a los principios de moralización, reconstrucción y recuperación de nuestros valores nacionales (…). Sin prejuicio de que las empresas humanas son siempre perfectibles, nuestra convicción de que el país ha tomado el buen camino es inquebrantable”, sostenía la entidad en una solicitada publicada cuando se cumplió un año del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El apoyo no era inocente, sino que los intereses de los banqueros se vieron beneficiados por la destrucción de la matriz productiva y la apertura al mundo de la especulación. Por otra parte, deben destacarse las realizaciones del gobierno en el campo de los cambios estructurales. “Nos incumben específicamente algunos que, a nuestro juicio, van construyendo el marco jurídico que hará posible e impulsará una gran transformación de nuestro sistema financiero que podrá así contribuir decisivamente al futuro
progreso económico. Tal carácter tienen, por ejemplo, la descentralización de los depósitos y la Ley de Entidades Financieras”, explicaban. La reforma financiera promovida por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz y sancionada el 1 de junio de 1977 fue tal vez una de las medidas con mayor impacto negativo en la estructura económica. En la práctica, significaba la liberalización del mercado de dinero, la desregulación de las tasas, la garantía de Banco Central sobre los depósitos y facilidades para la apertura de entidades y financieras del exterior.
Los eufemismos de la junta
El descubrimiento hecho por el Ministerio de Defensa permitió conocer más sobre una de las obsesiones de la Junta Militar: la forma de comunicar y de ocultar el accionar del terrorismo de Estado. Así lo muestran varias actas dadas a conocer por el ministro Agustín Rossi, donde los represores abordaron el tema de cómo referirse a los desaparecidos.
La mayoría de esos documentos “giran en torno a qué decir frente a la opinión pública. Las discusiones internas sobre cómo abordar el tema en los medios de comunicación y como referirse a las personas desaparecidas usando eufemismos tales como ‘averiguación de paradero'”, detalló la cartera de Defensa en su presentación ante la prensa. Otro tanto ocurre con la “información elaborada frente a requerimientos de organismos internacionales o familiares de desaparecidos”.
Por ejemplo, en el Acta Nº 106, del 8 de agosto de 1979, la Junta decidió redactar una ley de “Presunción de fallecimiento” en referencia a los desaparecidos. Ya en el Acta Nº 130, del 11 de marzo de 1980, se dispuso “reemplazar el uso de ‘personas desaparecidas’ por pedidos de paradero de personas”.
