Algodonera Avellaneda: La sindicatura de la quiebra pide cerrar las tres plantas y desvincular a 243 trabajadores

La Sindicatura de la quiebra recomendó a la Justicia el cese de actividades de Algodonera Avellaneda de Reconquista y las desmotadoras de Bandera y General Pinedo. Advirtió que la producción genera pérdidas de hasta $814 millones mensuales y que «los fasones solo cubren salarios», mientras la deuda con la EPE supera los $9.281 millones. El juez Fabián Lorenzini deberá resolver si autoriza el cierre definitivo.

 

La crisis de Algodonera Avellaneda, la textil vinculada a la familia Vicentin cuya quiebra fue declarada en octubre pasado, sumó un nuevo y dramático capítulo. La Sindicatura que administra la firma presentó un informe ante la Justicia en el que recomendó el cierre de sus tres plantas industriales y la desvinculación de 243 trabajadores, al considerar que ya no existen condiciones económicas para mantener la producción, según informó La Nación. El planteo fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá resolver si autoriza la continuidad de las operaciones o dispone el cese definitivo de las actividades.

El dictamen de la Sindicatura es contundente respecto a la inviabilidad de la producción. «El dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida», señalaron en el documento. La razón principal es que los ingresos provenientes de los contratos de fasón, mediante los cuales la compañía procesa materia prima de otras empresas, no alcanzan para afrontar los gastos necesarios para producir. En el caso de la hilandería de Reconquista, los ingresos mensuales ascienden a unos $424,8 millones, mientras que los costos pueden alcanzar los $1.239,5 millones, de los cuales $354,5 millones corresponden a salarios y cargas sociales y entre $533 y $782,5 millones a electricidad.

El costo energético se consolidó como el principal problema económico de la planta. «Los fasones sólo cubren salarios», advirtieron los síndicos, quienes explicaron que la electricidad representa un gasto mensual que supera incluso los ingresos que obtiene la empresa por los trabajos que realiza. La situación se agrava por las deudas acumuladas con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), que el 20 de octubre intimó a la compañía a pagar $4.603,9 millones bajo advertencia de suspender el suministro, y cuyo saldo exigible al 9 de octubre superaba los $9.281 millones.

La recomendación comprende la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. En estas últimas, la campaña de desmote terminó en octubre y la próxima comenzará recién con la cosecha 2027, por lo que las plantas no generan ingresos propios y sus gastos se cubrían con anticipos de Vicentin correspondientes a trabajos futuros. El impacto sobre el empleo alcanzaría a 204 trabajadores en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo, a quienes se les extinguirían los contratos laborales por causa de la quiebra.

La Sindicatura aclaró que el cese de la explotación no implica el abandono de las plantas, y solicitó que se adopten las medidas necesarias para que los empleados puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar el cobro de sus créditos laborales. Asimismo, propuso mantener una dotación mínima en cada establecimiento para tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios, con el objetivo de conservar las instalaciones y la maquinaria de alto valor hasta que se concrete su venta. Mientras la Justicia avanza con el proceso de venta de los activos, la decisión del juez Lorenzini definirá el futuro de cientos de familias que dependen de una empresa que durante décadas fue un pilar de la economía en cada ciudad donde tiene una planta fabril.

 

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