Promediaba 1979 y, tras tres años de dictadura militar en la Argentina, se mantenía el silencio sobre la represión ilegal que se había desatado en el país. Sin embargo, en el exterior arreciaban las críticas por violaciones a los derechos humanos. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA se preparaba para visitar el país. Había pasado el Mundial 78, se jugaba el Mundial juvenil en Japón y Argentina brillaba con Diego Maradona y Ramón Díaz. La imagen argentina estaba en su apogeo. La dictadura no se podía permitir un desliz y decidió barrer la basura debajo de la alfombra para que la molesta visita de la OEA no derrumbara todo el andamiaje represivo que le permitía mantener el poder y, sobre todo, una política económica de sumisión y entrega a los poderes económicos nacionales e internacionales.
Una de las medidas fue trasladar uno de los centros clandestinos de detención más importantes, la ESMA, hacia algún otro lugar menos visible que la Avenida del Libertador. El lugar elegido fue una isla en el Tigre llamada El Silencio, todo un símbolo. La isla había pertenecido a la curia católica, más precisamente a la revista Esquiú, y era lugar de descanso de los obispos argentinos. Pasaron por allí algunos de los hombres poderosos de la Iglesia Católica de esa época, como Antonio Caggiano y Juan Carlos Aramburu.
Después de 34 años de aquellos hechos y en el marco del juicio que se desarrolla por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, la querella y la fiscalía solicitaron que se realizara una inspección ocular en la isla. Enrique Fukman, una de las víctimas sobrevivientes, que pasó por la ESMA entre 1978 y 1980 y también por El Silencio, relató en diálogo con Veintitrés: “Es interesante la historia, porque esa isla era del Episcopado, era un lugar de descanso. En un momento dado eso lo empieza a manejar Emilio Graselli, que fue vicario castrense de la Marina. Graselli es quien le ‘vende’ la isla al grupo de tareas que manejaba la ESMA, que ‘adquirió’ el predio con documentación falsa. Figuraba como dueño un secuestrado que ya había sido liberado y había salido del país, Marcelo Hernández. Por supuesto, el dinero para comprar la isla también había sido ‘chupado’ en los operativos. Hay una posterior investigación periodística de Horacio Verbitsky que revela todos estos pormenores. Ahora el juez Sergio Torres pidió información a catastro, porque al menos dos de las operaciones de compraventa de la isla fueron ilegales: esta al grupo de tareas y una venta posterior. El dueño ahora es un tal Espinoza que ni apareció el día del allanamiento”.
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