El teléfono celular que tenía en la mano comenzó a sonar. El espía apuró el paso por los pasillos de Tribunales hasta que llegó a la puerta del juzgado. Golpeó y entró, justo a tiempo para poner en el oído de Carlos Alberto Telledín el mensaje que estaba aguardando. Era el 5 de julio de 1996, en las vísperas del segundo aniversario del atentado a la AMIA y lo que le informaban del otro lado de la línea era que la primera parte del pago –de un total de 400 mil dólares de fondos reservados de la SIDE– había sido depositada en una sucursal del Banco Quilmes de Ramos Mejía. Su esposa, Ana Boragni y su abogado, Víctor Stinfale lo habían corroborado. Cortó la comunicación y miró a quien tenía enfrente, el juez Juan José Galeano. Allí, según Tiempo Argentino, el reducidor de autos y entregador de la Traffic bomba comenzó la ampliación de su declaración indagatoria que se extendería por varias horas, aunque para la justicia, lo que supuestamente confesó terminó de desviar por años la investigación del atentado terrorista más importante de la Argentina. Durante el juicio oral por el encubrimiento ya comenzó a vislumbrarse la importancia que tendrá desentrañar el verdadero rol de la central de Inteligencia en toda la trama. No sólo en el pago.
“Sala Patria” era la denominación de la Dirección 34 de la ex SIDE, que después devino en la Dirección Terrorismo Internacional, encargada de los asuntos más sensibles de la Secretaría, y que llevó adelante la operación del pago. Estaba a cargo de Patricio Finnen, un hombre de “La Casa” desde la última dictadura, asociado a la Base Billinghurst, bajo cuyo control estuvo el centro de exterminio Automotores Oreltti. Su segundo, Alejandro Brousson tuvo una historia aún más sinuosa dentro del espionaje local: militar del cuerpo de Ingenieros, ex integrante del Batallón 601, salió eyectado del Ministerio del Interior menemista en 1993, cuando estalló el escándalo por supuesto espionaje a organizaciones sociales por parte de la Dirección de Inteligencia de la cartera que conducía Gustavo Beliz. Reciclado en la SIDE de la mano de Hugo Anzorreguy fue escalando posiciones hasta quedar como N° 2 de la Sala Patria. Desde el atentado a la Embajada de Israel y con el antecedente de la captura de Enrique Gorriarán Merlo en México, contaba con todo el apoyo de la Secretaría y también con todos sus recursos. Pero no estaban solos. El “Sector 85” conocido como Dirección de Contrainteligencia estaba trabajando desde el comienzo mismo de la investigación, al mando de Antonio Horacio Stiuso, quien le disputaba el protagonismo. La puja feroz entre ambos grupos atravesó toda la causa y al final, dejó a un sólo ganador que terminó siendo su verdugo: Jaime. Poder, dinero y las relaciones con los servicios secretos de las potencias extranjeras eran el objeto de la disputa.
Brousson fue quien llevó adelante una reunión –por orden de Finnen– con Galeano tiempo antes de que Telledín ampliara su indagatoria y apuntara al grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli como el nexo local del ataque. Su jefe ya le había entregado al juez los 400 mil dólares en el playón de estacionamiento de los tribunales Comodoro Py, de parte de “Don Hugo”, en clara alusión a Anzorreguy. Según las propias declaraciones de los espías, el ex Señor 5 le había dado el dinero en bolsas de papel madera en fajos que rezaban “Banco de la Nación Argentina, casa Central.” A partir de allí, comenzó a planearse la operación que ahora está siendo juzgada.
El agente Héctor Maiolo fue el primero en hacer contacto con Boragni, sin darse a conocer al principio, pero luego inventando la historia del interés en el supuesto libro que Telleldín iba a escribir con la confesión sobre los policías que lo extorsionaban y que se quedaron con la Traffic. Esa historia había sido prolijamente documentada tiempo atrás por el represor Héctor Pedro Vergez –nexo de la SIDE– a partir de sus entrevistas en la cárcel con Tellledín, que eran grabadas por el agente Daniel Romero. Para la justicia, Anzorreguy dio la orden del pago con fondos reservados en connivencia con Galeano, a cambio del testimonio del reducidor que se traduciría en la indagatoria del 5 de julio y que permitiría acusar a Ribelli y a su grupo como los responsables locales de la voladura. Sala Patria tendría a su cargo la misión del pago en dos tandas. Según los propios agentes, el intercambio del dinero era por un manuscrito con los capítulos del libro, algo que nunca nadie vio.
Cuarenta y ocho horas antes del 5 de julio, el agente inorgánico Juan Carlos Legascue que iba a ser el falso comprador de los derechos, con redacción de contrato incluida, se citó con Borragni y Maiolo en una confitería y pactaron los pormenores del pago. Luis Nelson González fue el espía encargado de dar seguridad a la “operación” para el depósito de los primeros 200 mil en un banco cercano al estudio Stinfale. El mismo Brousson se colocó en una esquina y González en la opuesta del Banco Quilmes sucursal Ramos Mejía. Maiolo llevaba el dinero en un estuche de una videocámara, mientras que Legascue aguardó en la puerta del banco y entró con la esposa y el abogado de Telleldín. Todo resultó según lo previsto. A la salida, acompañaron a Boragni a un teléfono público adonde debía llamar a un número de teléfono celular de la Secretaría.
Mientras todo esto sucedía, Julio Cesar Pose se había encargado de llevar un teléfono de la SIDE a otro agente que lo aguardaría en las puertas de los tribunales de Comodoro Py 2002. El nombre de Pose quedaría expuesto años más tarde, cuando surgió su participación en la trama que derivó en el Triple Crimen de General Rodríguez, vinculado al negocio de la efedrina. El destinatario del celular fue Carlos Aníbal Molina Quiroga, quien atravesó los pasos que lo separaban del despacho donde estaban Telleldín y Galeano y apenas sonó puso en comunicación a Boragni con el reducidor. La primera parte del trato se había cumplido.
Facturas internas hicieron que la estrella de Finnen en la SIDE se apagara con la llegada de la Alianza al gobierno y se jubiló. Brousson logró sortear la crisis y fue ascendido a la Dirección de Contrainteligencia, e incluso llegó a participar junto a la consultora Maika Palacios de la última gran purga que dejó más de un millar de agentes en la calle en el año 2000. Un ataque cardíaco terminó con su vida el 7 de marzo de 2007, tras jugar un partido de tenis. Por ese motivo no comparte el banquillo de los acusados con su ex jefe Finnen, y con don Hugo, quien se calcula que durante todo su mandato al frente de la Secretaría manejó unos 3500 millones de dólares de fondos reservados.
