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Pasadas las 5.30 de la mañana los diputados aprobaron en general el proyecto de Ley de Tierras, que prevé limitar a un 15% del total del país la tenencia de tierras rurales para los extranjeros. Con 153 votos a favor, 26 en contra, y una abstención en la votación general, el proyecto se votaba en particular antes de ser enviado al Senado.
Maratónica sesión en Diputados: 17 horas.
Antes, en el marco de una extendida sesión que comenzó ayer al mediodía, el oficialismo consiguió aprobar dos proyectos enviados en octubre por el Poder Ejecutivo a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de regular el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El dictamen sobre lavado de dinero apunta a incorporar otras figuras penales “que procuran -dice el texto- proteger el orden económico y financiero de nuestro país”.
Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas. Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
En tanto que la iniciativa de financiamiento del terrorismo se impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
Al cerrar el debate de los proyectos aprobados esta noche en la cámara baja, el titular del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró que el gobierno nacional “se comprometió fuertemente al condenar al terrorismo internacional” en los diferentes foros internacionales, al sostener que “este país fue víctima de ese delito y los que murieron fueron argentinos”.
Rossi defendió las iniciativas aprobadas esta noche y se pronunció a favor de un Código Penal nuevo “que deje tener la mirada punitiva en los que menos tienen”. “Venimos a sostener esta ley con la legitimidad que tenemos una presidenta que es continuadora de un presidente que instaló una nueva forma de ver los conflictos sociales”, aseguró el titular del bloque oficialista, al desestimar críticas en ese sentido por parte de la oposición.
Recordó que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 “teníamos cortes de rutas, piquetes y no reprimimos una sola protesta social. Nadie puede pensar que este gobierno esté detrás de una iniciativa que sólo tenga como motivo la idea de criminalizar la protesta social”. “Este gobierno y el de Néstor Kirchner buscaron ante cada uno de los conflictos sociales negociar para resolver las cuestiones”, enfatizó Rossi, quien puso de relieve que en el conflicto del Parque Indoamericano ocurrido a fines de 2010 “fuimos a resolver el problema sin víctimas”.
Finalmente, el titular del bloque oficialista destacó que “esta política nos ha permitido transitar en momentos de mucha conflictividad, sin ningún tipo de inconvenientes”. “Somos un gobierno que no escondió bajo la alfombra lo que sucedió en la Argentina en la embajada (de Israel) y en la AMIA; en cada foro lo hicimos denunciando donde lo teníamos que hacer”, concluyó Rossi.
