Los senadores salteños sancionaron el proyecto de ley de Acceso al trabajo para víctimas de trata y explotación de personas, mediante incentivos para las empresas que contraten a quienes sean rescatados de situaciones de esclavitud sexual o laboral, y Salta se convirtió así en la tercera provincia en legislar en esta materia.
«Es un compromiso adquirido el de luchar contra este terrible flagelo», destacó el senador Carlos Ampuero y manifestó que «con certeza pondremos todo nuestro empeño para dotar al Estado y a los particulares de las herramientas que nos permitan ser una sociedad mejor, inclusiva» y «que promueva igualar oportunidades y reparar, en la medida de lo posible, los graves daños que este aberrante delito provoca en sus víctimas y la sociedad».
Las afirmaciones del legislador, que representa al departamento de Santa Victoria, fueron formuladas durante la vigésimo sexta sesión ordinaria de la Cámara alta salteña, que se desarrolló ayer.
Ampuero explicó que «se trata de una ley que salió del Senado, donde le habíamos dado media sanción en julio, tras lo que pasó a la Cámara de Diputados, que le hizo un par de modificaciones y volvió en revisión».
«El objetivo es garantizar el acceso al trabajo de las víctimas de trata y explotación laboral, con el propósito de dignificarlas», indicó el senador, quien consideró «impostergable» la necesidad de aprobar esta norma, ante «la vulneración de derechos por la que tienen que atravesar quienes sufren estos delitos de extrema gravedad».
Asimismo, destacó que la autoridad de aplicación tendrá el objetivo de «abordar integralmente a las víctimas, capacitarlas y acercarlas al mundo del trabajo formal y en condiciones dignas».
En su primer artículo, la norma indica que el objeto es «promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa».
La nueva normativa dispone que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo provincial, que pasa a tener competencia «para articular con las autoridades nacionales y municipales la asistencia a las víctimas de trata o de explotación de personas, procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar o comunidad».
A la vez, elaborará un «mapa provincial de trata de personas y explotación en sus diferentes modalidades», a los efectos de «articular la inclusión de las víctimas en bolsas de trabajo según sus capacidades, y brindar capacitaciones en territorios de origen o residencia, que mejoren sus aptitudes laborales».
Además, el proyecto de ley sancionado establece un régimen de incentivos para las empresas que contraten a las víctimas de estos delitos.
El proyecto, que se aprobó en forma definitiva, pasó al Poder Ejecutivo de Salta para su promulgación.
De esta manera, Salta se convierte en la tercera provincia que legisla sobre la inclusión laboral para estas personas, luego de Catamarca y Chaco.
En tanto, se encuentran en estado parlamentario leyes similares en las legislaturas de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Tucumán, y en todos los casos fueron promovidas por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y los gobiernos y legisladores provinciales.
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