La casa en donde habría estado cautiva Candela
El letrado dijo que sus defendidos estuvieron en la casa donde según la investigación fue asesinada la niña de 11 años, pero para retirar muebles y pertenencias de un familiar fallecido.
Pablo Carpaneto, abogado defensor de los torneros Alfredo Monteros padre e hijo, solicitó hoy a la Justicia la excarcelación de sus defendidos, sobre quienes pesa una acusación por el presunto delito de «encubrimiento agravado» del homicidio de la niña Candela Rodríguez.
El letrado aseveró que sus clientes estuvieron el 31 de agosto pasado en la casa situada en la calle Kiernan al 900, en Villa Tesei, donde según la investigación fue asesinada la niña de 11 años, pero para retirar muebles y otras pertenencias de un familiar que había fallecido.
«Ahí no estaba la nena, no notaron nada raro, ningún rastro», señaló Carpaneto luego de presenciar la declaración de los Monteros ante el fiscal Marcelo Tavolaro.
El abogado, en declaraciones a la prensa, sostuvo que padre e hijo contrataron como flete la camioneta Renault Traffic blanca que días atrás fue periciada por los investigadores ante la sospecha de que en ella pudo haber sido transportado el cuerpo de Candela. El vehículo pertenece a Gustavo Valenzuela, también apresado por el supuesto delito de «encubrimiento agravado» del crimen.
Según Carpaneto, los Monteros acordaron pasar a buscar las pertenencias por la casa de la calle Kiernan con Gladys Cabrera, hija de la propietaria de la vivienda y detenida bajo la acusación de partícipe necesario de «homicidio agravado por el concurso premeditado» de varias personas, entre las que habría estado también otro aprehendido, Ramón Altamirano.
«El 31 de agosto (Monteros padre e hijo) llegaron a la casa, apilaron algunas cosas en la entrada y luego las transportaron en la camioneta con Valenzuela» hasta la vivienda familiar situada en Villa Soldati, comentó el abogado.
Por considerar que no tienen vinculación con el hecho, Carpaneto pidió al juez de Garantías de Morón Alfredo Meade la excarcelación de sus defendidos, una decisión que el magistrado deberá tomar en un plazo de cinco días corridos.
