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Una vez más, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la justicia federal que de inmediato se llame a prestar declaración indagatoria a todos los imputados en la causa donde se investiga la apropiación ilegal de la firma Papel Prensa SA por parte de los diarios Clarín, La Nación, y La Razón durante la última dictadura militar.
Asimismo, la secretaría aportó a la investigación nuevas pruebas para sostener su denuncia: una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hacen referencia al caso Graiver y que, según los querellantes, demuestra una vez más la connivencia entre las tres armas y los dueños de los medios involucrados.
El escrito enviado ayer al juez Julián Daniel Ercolini pide que sin más trámite se cite a los tribunales tanto a los miembros de la Junta Militar y a los funcionarios civiles que participaron de la maniobra como a los responsables de los diarios que se beneficiaron con el despojo que sufrió la familia propietaria de la planta de San Pedro. Se trata del represor Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Juan Pío Podestá; la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su CEO, Héctor Magnetto y su ex secretario de redacción Reinaldo Gregorio Bandini; el director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, y los directivos del diario La Razón Sergio José Peralta Ramos y Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos.
