Un sector de jueces, fiscales y defensores decidió romper el silencio después de que se conocieran los chats que muestran cómo magistrados maniobran para evitar que se sepa que realizaron un viaje indebido a Lago Escondido junto con funcionarios de la Ciudad, un exintegrante de los servicios de inteligencia y dos empresarios del principal grupo de medios del país. La Lista Celeste de la Asociación de Magistrados –que tiene como referente al juez Alberto Lugones— expresó su profunda preocupación y reclamó que se investigue a los involucrados. “No somos todos lo mismo”, señalaron desde la agrupación que representa la línea más progresista de la Asociación de Magistrados.

Desde que estalló el escándalo, no hay otro tema que se converse en más en chats de judiciales o en los tribunales. Sin embargo, hasta ahora reina el silencio en la Corte Suprema –que tuvo su acuerdo el martes por la mañana, antes de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner–. El Consejo de la Magistratura, que es el ámbito natural para tratar el tema, está paralizado.

La Asociación de Magistrados está presidida por la Lista Bordó –opositora al gobierno–. Sus principales autoridades son Marcelo Gallo Tagle y Mariano Llorens, el presidente de la Cámara Federal porteña que meses atrás sugirió hacerle juicio político a CFK para detenerla. Según dijeron a Página/12, la Asociación de Magistrados –con hegemonía de la Bordó– no tenía previsto emitir un pronunciamiento porque hay investigaciones en curso.

Esa quietud la rompió la Lista Celeste, liderada por Lugones, que se manifestó en duros términos contra los cuatro magistrados viajeros –el juez federal Julián Ercolini, el casador Carlos Mahiques, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials–.

“No es posible naturalizar conductas absolutamente reprochables, que además impactan en la credibilidad de las resoluciones del Poder del Estado que ampara a toda persona contra atropellos y garantiza la prevalencia de la ley”, sostuvieron desde la Celeste. Los integrantes de esa lista recordaron que los magistrados tienen vedado recibir regalos o beneficios injustificados así como mantener reuniones con una de las partes.

En ese sentido, reclamó una “efectiva investigación en todos los ámbitos de incumbencia para el juzgamiento de estos sucesos, ya que solo deben analizarse los posibles tipos penales, sino la violación de elementales normas de ética y decoro que son de cumplimiento obligatorio para el ejercicio digno de la magistratura”.

De esa forma, la Lista Celeste remarca que no importa únicamente lo que investigue la justicia federal de Bariloche, sino que hay que avanzar dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, que no está integrado porque Horacio Rosatti no terminó de tomarles juramentos a los representantes del Poder Legislativo. El presidente Alberto Fernández dijo el lunes que instruyó al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, para que se indaguen en las posibles inconductas de los jueces que podrían derivar en su expulsión del Poder Judicial.

“No todos somos lo mismo”, remarcaron desde la lista que dirige Lugones. “La inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos observa consternada lo trascendido, porque entiende a la justicia, ante todo, como un servicio público, de acuerdo a las exigencias impuestas por nuestra Constitución Nacional”, sostuvieron.

La Lista Celeste está representada en el Consejo de la Magistratura por Lugones, mientras que la Lista Bordó tiene dos consejeros, la jueza Agustina Díaz Cordero y el juez Diego Barroetaveña, a quien CFK calificó el martes como “un teledirigible de Mahiques”. Barroetaveña integra la Sala I de la Cámara Federal de Casación y es uno de los magistrados que debe decidir –junto con Ana Figueroa y Daniel Petrone– en las próximas semanas si reabre las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum de Entendimiento con Irán.

La tercera lista de jueces y juezas que integran el Consejo es Compromiso Judicial, representada por la jueza penal Alejandra Provítola. Compromiso Judicial nada dijo sobre el escándalo de los chats, solo sacó un comunicado para saludar a los jueces que condenaron a Cristina. El tema no cayó bien incluso dentro de los adherentes, que recordaban una máxima de los judiciales: “Las condenas no se festejan”.

Pese al silencio de los supremos, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia –que preside Carmen Battaini– expresó su reprobación a la conducta de los cuatro jueces que viajaron el 13 de octubre pasado a Lago Escondido. “No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”, sostuvieron desde esa organización que representa a los máximos tribunales provinciales.

Tanto Justicia Legítima como la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) repudiaron las conductas de los jueces viajeros. Lo mismo hicieron los principales gremios, como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y FE-Sitraju, que reclamó el fin del lawfare y del silencio de la Corte.