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Cinco dirigentes del gremio portuario SUPA de Chubut fueron condenados a un mes de prisión domiciliaria acusados de extorsión y amenazas

Escrito por FABIAN MERA

La cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut fue condenada este jueves a cumplir un mes de prisión domiciliaria. Fueron declarados culpables de extorsión y amenazas contra un grupo de empresarios de la estiba y la pesca en esa provincia.

 

Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef, estaban acusados de exigir dinero a empresarios a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con diversas medidas de fuerza. Los paros y los consecuentes pedidos de coimas sucedieron entre agosto y septiembre del año pasado.

Florencia Gómez, fiscal general de Rawson, la capital provincial, había solicitado la prisión preventiva por cinco meses para los acusados. Por el contrario, los dirigentes del gremio SUPA reclamaban que no se retiren los fueros sindicales y que se rechace el pedido de prisión preventiva.

Pero la jueza penal Ana Breckle dispuso prisión domiciliaria por el plazo de un mes y no aceptó el amparo de fueros de los sindicalistas.

La situación se dio en el marco de la paritaria en la que el sindicato pedía un aumento del 168%. Según la denuncia de los empresarios, a mediados de agosto del año pasado, Gutiérrez, secretario general del SUPA, exigió que cada empresa pague $2.400.0000 por día a los representantes del sindicato, bajo amenaza de paralizar toda la actividad de los puertos chubutenses y evitar las descargas de materia prima.

Cinco dirigentes del gremio portuario SUPA de Chubut fueron condenados a un mes de prisión domiciliaria acusados de extorsión y amenazas

Ante la negativa de los empresarios, una semana después el sindicato ordenó no enviar trabajadores a las estibas en el Puerto de Rawson. El Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria.

Cuatro días después, tras la mediación estatal hubo acuerdo y volvieron al trabajo, pero -siempre según la denuncia- el sindicato volvió a exigir un pago para evitar conflictos.

Así, el 1° de septiembre del año pasado los empresarios transfirieron los fondos exigidos a tres de los sindicalistas. Las transferencias a cada uno fueron de $542.660.

A fines de septiembre, los sindicalistas hicieron la misma extorsión a otro empresario, que le pagó a Gutiérrez como secretario general pero también a otros dos gremialistas que no habían cobrado en la primera extorsión.

En este segundo hecho, las transferencias a cada uno eran de $219.357,60

En los allanamientos, la justicia corroboró la documentación que consistía en la secuencia de transferencias bancarias. Pero además, los denunciantes aportaron las conversaciones de WhatsApp donde pactaban el monto de la extorsión.

 

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FABIAN MERA

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