Es un expediente donde piden una indeminización por la quita de la concesión del correo. Mientras, no pagan su deuda con el Estado gracias a las demoras en la Corte Suprema.
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La familia Macri ya apuesta a un cambio de gobierno que le allane el camino para cobrarle miles de millones de pesos al Estado por la quita de la concesión de Correo Argentino. En los últimos días apuraron una causa que comenzaron en 2016, en el primer año de la presidencia de Mauricio Macri, en la que reclaman 2.365 millones de pesos más intereses como indemnización por la quita de la concesión del Correo. La iniciaron en paralelo con el intento de Macri de condonarle a su familia la deuda que tienen con el Estado. Fue una jugada a dos bandas: cobrar y no pagar. Todo indica que seguirán sin pagar pero quieren cobrar. Y mucho.
¿De qué se trata esta causa? En 2016, los Macri hicieron una maniobra doble. Por un lado la más conocida, el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos de la deuda que arrastran con el Estado desde el 2001. Por el otro una menos conocida, una demanda contra el Estado. Todo fue a la vez. Ahora, mientras la Corte Suprema aún no define el destino de la primera, que incluso puede volver a foja cero tras más de 20 años de litigio, los Macri apuran la segunda. Sin dudas creen que habrá cambio de gobierno y volverán a estar de los dos lados del mostrador.
Sobre los 1.794 millones que reclaman donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon de la concesión del correo (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.
El Gobierno, a través del Procurador del Tesoro Carlos Zannini, rechazó la demanda de los Macri en octubre del año pasado. Ahora, en un escrito presentado hace unos días, el abogado Jaime Kleidermacher (que representa a los Macri en el caso Correo) pidió que “se abra la presente causa a prueba”. ¿Qué significa? Que quieren que se haga una pericia sobre las supuestas inversiones que hicieron (entre las que incluyen, por ejemplo, los despidos) y que el Estado les quitó al cancelar la concesión del servicio postal por los reiterados incumplimientos del contrato, entre ellos que dejaron de pagar el canon. Y en esa pericia quieren que se cuente la planta de distribución de Monte Grande, que pasó al Estado por el decreto 1075 del 2004 junto a todos los bienes necesarios para garantizar el servicio postal. En criollo: apurar el trámite para cobrarle al Estado.
La decisión sobre este expediente está en manos de la jueza Macarena Marra Giménez, que tiene su historial de relación con Macri. Marra Giménez está vinculada al sector que lidera el camarista Sergio Fernández, mandamás de todo lo que sucede en el fuero Contencioso Administrativo, un fuero clave porque es donde se litiga contra el Estado. Marra Giménez subrogó durante bastante tiempo el Juzgado N 12 en lo Contencioso Administrativo, el mismo que que ahora comanda.
Mientras concursaba para ser titular del juzgado fue parte de la iniciativa del macrismo de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Apenas Macri llegó a la Presidencia, la jueza Marra Giménez anuló la cautelar que frenaba esa iniciativa y regía desde 2009. Era 2016, Alejandra Gils Carbó (quien había frenado esa iniciativa de Macri) era aún Procuradora General y su lugar en la fiscalía ante la Cámara Comercial lo había ocupado, por concurso, Gabriela Boquin. Otro nombre conocido para Macri, ya que es la fiscala de la causa por la deuda de Correo Argentino. Boquin apeló la decisión de la subrogante Marra Giménez.
Atenta a los cambios de viento, a finales de 2019 la jueza Marra Giménez firmó un fallo en contra de Macri en las últimas semanas de su Gobierno. Alberto Fernández retiró su pliego para jueza junto a todos los que había enviado Macri pero luego lo presentó de nuevo y finalmente la designó para el cargo.
Ahora a Marra Giménez le toca este expediente clave donde todo indica que los Macri ya preparan el terreno para el post 10 de diciembre de 2023. El 5 de abril Marra Giménez les requirió a los Macri y al Estado que “en el término de cinco (5) días indiquen al Tribunal por escrito cuales son los hechos controvertidos o los que estiman conducentes a la resolución de la causa y asimismo manifiesten si mantienen interés en las pruebas oportunamente ofrecida”. El plazo venció ayer.
Ni un peso
Tal como informó El Destape, el 28 de octubre de 2022 el gobierno actual rechazó pagar esos 2.365 millones de pesos que reclaman los Macri. El jefe de los abogados del Estado, el Procurador del Tesoro Zannini, aportó documentación que muestra que el Estado no les debe un peso a los Macri. Es justo al revés.
Zannini, que como procurador del Tesoro ejerce como abogado del Estado, rechazó el reclamo de los Macri “en todos sus términos” y “con expresa imposición de costas”, es decir, que los Macri paguen el costo de los abogados del Estado por esta causa. En su escrito, que es de acceso público a través del sistema de consulta del Poder Judicial, Zannini refuta, entre muchos puntos:
- que el Estado le deba dinero a los Macri
- que el Estado se apropiara ilegítimamente de inversiones realizadas por los Macri, entre ellas la planta distribuidora en la localidad de Monte Grande
- que los Macri hayan pagado de más el canon por la concesión del correo
- que el concurso de acreedores que los Macri iniciaron en septiembre del 2001 y las pérdidas que daba la empresas Correo Argentino sea responsabilidad de algún incumplimiento por parte del Estado
- que el Estado tuviera la obligación de garantizarle el monopolio del servicio postal y una reforma laboral a los Macri
“La presente demanda no puede prosperar. Téngase presente que la actora no solicita la declaración de inconstitucionalidad de ninguna norma ni la nulidad de acto administrativo alguno”, detalla el escrito que presentó Zannini. El rechazo a pagarle miles de millones a los Macri detalla que “son hechos NO controvertidos los siguientes”:
- que el Estado no incumplió el contrato de concesión
- que Correo Argentino de los Macri “incurrió en múltiples incumplimientos del contrato”
- que los Macri dejaron de pagar el canon de la concesión
- que a raíz de los incumplimientos de los Macri se rescindió el contrato “por culpa de Correo Argentino”.
- que la rescisión del contrato implicó la incorporación al patrimonio del Estado de todos los bienes adquiridos por el concesionario, algo que según el contrato de concesión “no admite compensación de ningún tipo”.
Ante el reclamo de los Macri de que el Estado les pague por los bienes y en especial por la planta de Monte Grande que quedaron bajo control público, Zannini citó el artículo 26.6 del Contrato de Concesión, que establece que debían restituirlos “sin derecho a resarcimiento alguno”. “La transferencia de los bienes afectados al servicio fue expresamente prevista en el Contrato de Concesión suscripto oportunamente por la actora; y en caso de finalización del Contrato (sin discriminar causales) debían pasar al dominio del Estado, por supuesto sin compensación alguna”, explicó el procurador del Tesoro.
Zannini dedica a un capítulo aparte a la insólita pretensión de los Macri de que pagaron de más en el canon. Detalla que los Macri encargaron un informe a medida a la consultora “Roland Berger Partners” que partía de falsas premisas como que el Estado tenía que garantizarle exclusividades, monopolios y recortes en los derechos laborales a Correo Argentino. “Evidentemente, el informe fue realizado bajo premisas absolutamente falsas y distantes con la realidad, pues la única garantía o exclusividad que mantenía Correo Argentino era el de prestaciones filatélicas y emisión de sellos postales, ninguna más. Igualmente falsas son las condiciones que pretende que el Estado Nacional debía garantizar”, afirma Zannini.
Otro reclamo de los Macri es que el Estado tenía que garantizarles la flexibilización del convenio colectivo de los trabajadores de Correo Argentino. “No existió norma alguna en el contrato (no la podría haber legalmente), por la cual el Estado se comprometiese a asegurarle lo que, en definitiva, es un resultado (eventual) de un acuerdo entre dos partes distintas al propio Estado (la empresa y el sector gremial)”, explica Zannini. Muestra que los Macri conocían el convenio, la cantidad de trabajadores y las condiciones que tenían cuando hicieron su oferta para quedarse con el servicio postal. Y cierra categórico: “en ningún caso contempló garantizarle un determinado régimen laboral y sindical”.
Los Macri no solo reclamaron una indemnización por un régimen laboral diferente, sino que querían también un régimen impositivo a medida. Zannini contestó que eso depende del Congreso, que “resultaba jurídicamente inviable –hubiera sido ilícito- que el Poder Administrador asumiera con un particular, la obligación de sancionar un marco legal regulatorio, por lo que el reclamo formulado resulta absolutamente inadmisible”. Otro punto curioso de los Macri es que pedían un resarcimiento porque el Estado no les garantizó la clientela. Querían un negocio con garantía estatal.
Esta es una de las 4 causas que los Macri tienen contra el Estado, en las que buscan obtener más de 14.500 millones de pesos. El cálculo es de los Macri. Todas tramitan en el fuero Contencioso Administrativo. Son las siguientes:
- La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores, que tramita en el fuero Comercial.
- Iniciaron otra en 2004 donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Ese expediente es clave, ya que es donde apuntan a los decretos que les quitaron la concesión.
- En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
- En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Es la que ahora quieren apurar.
fuente: el destape
