El pasado 21 de abril, los cuatro ministros de la Corte Suprema acordaron re-reelegir a Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal.
En la Acordada 11 del año 2015, los jueces resolvieron re-reelegir al actual presidente frente a la próxima conclusión del mandato de las Autoridades” del tribunal. Lo llamativo es que el mandato de las autoridades termina recién en diciembre de este año, y no es inminente como afirmaron los firmantes de la acordada. En declaraciones a C5N, el periodista Horacio Verbitsky sostuvo que esa premura se debió a que la salud del juez Carlos Fayt, de 97 años, es muy endeble, y Lorenzetti no quería pagar el precio de votar por sí mismo en el caso de que la Corte quede con sólo tres miembros.
El otro cuestionamiento tiene que ver con la firma de Fayt, que a contramano de lo que dice la acordada, no firmó “en la Sala de Acuerdos del Tribunal”, sino en su departamento de la calle Larrea en Recoleta y asistido por sus dos secretarios a uno de los cuales no reconoció.
“Lo importante es que quien firma esté en uso de sus cabales. Eso es lo fundamental”, planteó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en Radio América.
En el mismo sentido se pronunció Roberto Carlés, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte. “Este caso no tiene ningún precedente en nuestra historia, hay todo un debate sobre si ejercer el cargo sin estar en condiciones implica la causal de mal desempeño y merece juicio político”, afirmó.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue más lejos y calificó de “falsedad inserta” la acordada de que aprobó la reelección de Lorenzetti. “En las actas con la cual se justificó el voto en beneficio del doctor Lorenzetti, el sufragio del doctor Carlos Fayt no se habría hecho en la Sala de Acuerdos de la Corte, sino que el secretario Letrado de Fayt, Cristian Sergio Abritta, la habría llevado al domicilio de Fayt. Si eso es así, estamos en un problema que incluye no solamente a Fayt, sino además a Lorenzetti, a Elena Highton y Juan Carlos Maqueda”, manifestó en la explanada de Casa de Gobierno.
En ese sentido, subrayó: “Los actos administrativos de la Corte Suprema se basan en antecedentes y hechos verdaderos y estos no son verdaderos, con lo cual sería nulo el acto con el cual se habría llevado a cabo esa decisión, porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió”.
Sobre Fayt, Fernández señaló que “son muchos los que piensan que, a los 97 años no ésta física, ni mentalmente apto para cumplir con esa tarea y por eso se piden peritajes e inclusive muchos dudan que sea él quien haya firmado y es horrible tener que estar hablando de un ministro de la Corte donde las cosas no son como debieran ser”.
Por su parte, la titular de la Cámara de Casación Penal y titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, consideró hoy que los jueces deberían hacer un “control psicofísico periódico” y que tendría que haber “algún marco de control” para la actividad de los magistrados. “Ninguno de los jueces tiene un control psicofísico periódico, ni de su nivel de rendimiento”, analizó.
