El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que desde el Gobierno de Córdoba “apuraron el levantamiento” de la clausura de las antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) porque sabían que la Justicia les iba “a dar la razón”, al referirse a la repentina decisión adoptada por el gobernador, José Manuel de la Sota.
De Vido acusó al gobernador De la Sota de defender a los “monopolios”.
“Quedó en evidencia que la arbitraria clausura de las antenas no tenía ningún fundamento técnico ni obedecía a razones ambientales, sino que estaba motivada puramente por defender intereses de monopolios a los que les preocupa la democratización del acceso a la televisión porque de esa manera no es necesario pagar ningún abono”, acusó el funcionario.
El fallo dictado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba “reconoce” que “no hubo omisiones o errores que justifiquen la paralización de las obras, ya que ninguna de las presentaciones del gobierno provincial lograba acreditar el supuesto impacto ambiental o daño para la población” por parte de AR-SAT, agregó el ministro, según se informó en un comunicado.
De Vido también señaló que “los informes de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fueron muy contundentes y dieron cuenta de manera cabal y taxativa de que los niveles de radiación de la TDA están muy por debajo de los permitidos e incluso son infinitamente menores a los de las antenas de Multicanal o Radio Mitre que en el Cerro Mogote están al lado de la de la Televisión Digital”.
Por último consideró que el conflicto “no fue una disputa entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Córdoba, como quisieron presentar algunos medios, sino que estuvo en juego el derecho de los ciudadanos de acceder en forma gratuita a contenidos televisivos de calidad sin que se imponga ningún tipo de censura en base a supuestos burocráticos sin fundamento técnico alguno”.
“Quedó en evidencia que la arbitraria clausura de las antenas no tenía ningún fundamento técnico”
“Afortunadamente toda la comunidad cordobesa se movilizó. Intendentes, universidades, productoras independientes y Pymes que aportaron parte del equipamiento se movilizaron para impedir que se concretara lo que hubiera sido un peligroso antecedente de cercenamiento de la libertad de expresión”, concluyó.
