Dos causas judiciales complican al gobierno santafesino

El juez del caso “Los Monos”, en el que se investigaba la muerte de Martín Paz, se apartó de la causa luego de que se difundiera una foto en la que se lo ve mirando una pelea en Estados Unidos junto al padre de la víctima. Y, en otra causa, la madre de un sospechado dijo que su hijo aportó a la campaña de Bonfatti.

Dos causas judiciales comenzaron a complicar al gobierno provincial. Una de ellas es la llamada Megacausa Los Monos, donde el juez Juan Carlos Vienna investiga el homicidio de Martín “Fantasma” Paz. Los distintos procesados en esa pesquisa pidieron en varias oportunidades la recusación del magistrado. Una de las razones fue un registro de migraciones en el que se lo ubicaba dejando el país al mismo tiempo que Luis, el padre del Fantasma. Pero ese punto nunca se investigó y Vienna siguió a cargo de la causa. Los viajes de Vienna eran a Las Vegas a ver distintos eventos boxísticos. Sin embargo, una foto sacada de un sitio de deportes de Estados Unidos lo muestra al juez sentado junto a Luis Paz y sus respectivas parejas, informa revista Veintitrés. 
 
La difusión de la imagen causó un gran revuelo, que incluyó un fuerte apoyo de funcionarios del gobierno provincial. Pero finalmente, Vienna decidió apartarse de la causa alegando violencia moral. La investigación recayó en Alejandra Rodenas, que está a cargo de varios juzgados conclusionales, es decir, donde se instruyen las causas del viejo sistema. Sin embargo, es una nueva jueza, Delia Paleari, quien se hará cargo de la pesquisa.
Otra de las causas que complican al gobierno es la investigación del homicidio de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli. Es que la madre de Medina dijo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que su hijo aportó a la campaña de Bonfatti.
Luego del escándalo de la foto, Vienna decidió apartarse de la megacausa. “Me inhibo de seguir interviniendo en la presente instrucción por violencia moral, debiendo remitirse la causa al subrogante legal conforme con los considerandos precedentes”, señaló el juez en una parte del escrito.
La foto que desató la polémica y que fue presentada en tribunales fue obtenida de la web GigaPan.com tomada en una velada boxística celebrada en Texas, Estados Unidos, donde se lo puede ver sentado a metros del padre de Martín “Fantasma” Paz. Fue ese homicidio, que ocurrió el 8 de septiembre de 2012 en Entre Ríos y bulevar 27 de Febrero, el que derivó, casi ocho meses después, en una serie de operativos para desarticular la banda Los Monos, cuyos integrantes, junto a miembros de las fuerzas de seguridad, hoy se encuentran detenidos acusados de asociación ilícita. Sin embargo, esta investigación que aparecía en los medios como un combate contra el narcotráfico –pese a que no es un delito que se investigue en la Justicia provincial– no logró esclarecer el homicidio de Martín Paz.
No es la primera vez que a Vienna se lo vincula a Luis Paz. En marzo pasado documentos de la Dirección de Migraciones revelaron que ambos viajaron dos veces en idénticas fechas y a la misma hora a Estados Unidos para presenciar peleas de boxeo. Y fue por ese motivo que los abogados defensores de los acusados pidieron que el juez se apartara de la causa porque según argumentaron no había garantías de imparcialidad. Pero la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo y ratificó al juez. Vienna se defendió argumentando que no vio a Luis Paz durante sus viajes “ni en el aeropuerto, ni en el avión, ni en el hotel, ni en el estadio”. Y lo mismo trató de esgrimir al ver la foto. Sin embargo, se terminó apartando de la causa.
La semana pasada se conoció una nueva presentación, esta vez de parte de los defensores de uno de los policías procesados en la causa, quienes solicitaron que la causa pase a la Justicia federal, ya que todo el expediente, nacido tras el asesinato del Fantasma Paz, está ligado al comercio de estupefacientes.
El ministro de Gobierno de la provincia, Rubén Galassi, defendió la actuación del juez Juan Carlos Vienna, y sostuvo que “la situación personal del juez tendrá que explicarla. Lo que yo voy a decir claramente es que este juez ha tenido una gran valentía y ha actuado con eficiencia para desmantelar una banda que operaba en Rosario y la región desde hace más de una década”.
El funcionario recordó que “no sólo los ha procesado (a integrantes y cómplices de la banda) sino que están detenidos”, y destacó que “la causa ha pasado a segunda instancia”, con 36 detenidos “dentro de los cuales hay 10 u 11 integrantes de la fuerza de seguridad, policías, y también miembros vinculados a fuerzas de seguridad federales”.
Galassi también se refirió al atentado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti como “una de las consecuencias negativas de la decisión de ir a fondo”, porque, dijo, “en el medio se tocan intereses y estos reaccionan, algunos porque están vinculados directa o indirectamente a estas organizaciones, porque eran parte del delito”.
La causa Medina. El asesinato de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, el 29 de diciembre último, se transformó en una pesadilla para el gobierno provincial. Primero fue por una computadora portátil, que no siguió el camino que dictamina la Justicia y a pocas horas de ser hallada terminó en manos de funcionarios del gobierno provincial, quienes la abrieron. Esa causa comenzó a investigarse sin juez. Primero porque la magistrada en turno, María Luisa Pérez Vara, no fue encontrada para que se hiciera cargo de la causa. Después le tocó el turno a Raquel Cosgaya, quien sólo tuvo unas horas la investigación hasta que la causa, un día y medio después, recayó en Rodenas. Esta vez, la computadora terminó en Gendarmería que finalmente realizó las pericias a la máquina.
Sin embargo esta situación irregular determinó que la Cámara de Diputados de la provincia creara una comisión investigadora para establecer las responsabilidades políticas en este complejo caso. Y si bien, como ya ha publicado Veintitrés, las declaraciones de distintos policías fueron echando luz sobre serias irregularidades, fue la declaración de Ana María Frascona y Silvia Patricia Fuster, madres de Luis Medina y Justina Pérez Castelli, las que abrieron la puerta del escándalo.
Si bien esos testimonios fueron brindados ante los legisladores Héctor Acuña, Eduardo Toniolli, Oscar Daniele, Avelino Lago y Oscar Urruty el 16 de septiembre, salieron a la luz la semana pasada en una nota publicada por Página 12. Es que frente a Diputados, la madre de Luis Medina lanzó fuertes denuncias contra el gobierno del Frente Progresista al asegurar que su hijo financió la campaña electoral del socialismo en la provincia.
Frascona dijo haber mantenido con su hijo una conversación en la que él le dijo que quería “ayudar a un político, a alguien que quiere ser gobernador” y que dicha ayuda era nada menos que “para el Gordito Bonfatti”. Pero Frascona también contó que cuando su hijo inauguró el boliche Esperanto “estaba la crema de la crema narcosocialista”, y entre esa crema ubicó a “la intendenta, quien le ofreció a él (Medina), y de eso doy fe, los galpones donde está el tren, todos esos galpones se los ofreció gratis”, para que –según reproduce la nota basada en la transcripción mecanografiada de la comisión investigadora– mudara el local que incomodaba a los vecinos de la zona de Presidente Roca y Zeballos.
Tras el escándalo, el fiscal Carlos Covani solicitó a la jueza Alejandra Rodenas que cite a declarar a Ana Frascona y a Silvia Fuster para que “ratifiquen o rectifiquen” lo que dijeron en la Legislatura provincial. El funcionario judicial advirtió que ambas mujeres declararon en el expediente y no dijeron nada de lo que después afirmaron en la comisión en la Cámara de Diputados.
Las declaraciones del oficialismo no se hicieron esperar. Y cuestionaron la entidad que se le otorgaba a la madre de un sospechoso. El propio gobernador, Antonio Bonfatti, en una nota que brindó a Radio Dos, aseguró que existe una campaña sucia en contra de su gestión y la atribuyó a “mercenarios de la política” que prefirió no mencionar. Luego, consultado específicamente sobre si el Movimiento Evita es un problema para la gobernabilidad, el mandatario socialista contestó que sus referentes “han tenido actitudes de permanente confrontación”.
El bloque del Evita, integrado por los diputados Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, salió al cruce con un documento en el que recuerdan han sido elegidos “por el pueblo de la provincia de Santa Fe para legislar, controlar y, si fuera necesario, denunciar aquellos hechos que pudieran infringir las leyes, atacar a las instituciones o poner en riesgo la convivencia democrática”.
“¿Qué pretende el gobernador Bonfatti? ¿Que dejemos de ejercer como representantes del pueblo, que callemos lo que se sabe en todos lados, que nos abstengamos de hacer oposición, por más que sea en forma responsable?”, indicaron en el comunicado.
“No somos los legisladores del Movimiento Evita, ni ningún otro diputado, quienes tenemos la obligación de despejar las sospechas ni dar cuenta de nuestros actos como funcionarios del Ejecutivo, porque no lo somos”, agregaron los diputados.
Por otra parte, los legisladores indicaron que están esperando “que (el gobernador) acuda a la Justicia para aclarar demasiadas graves cuestiones institucionales de las que su gobierno es responsable, pero que si le queda tiempo, lo acompañaremos a la Justicia o nos presentaremos para enfrentar cualquier acusación”.
“Nuestro trabajo político, social y parlamentario, nuestra presencia en los barrios humildes de la provincia, hacen que seamos, entre otros, la barrera que separa a los narcos de nuestros pibes, que son quienes más sufren la falta de políticas públicas de la actual gestión en materia de consumo de drogas e inseguridad. Esa historia, ese trabajo militante, esas convicciones, nos permiten mirar a la cara a quien sea, sin secretos bajo la alfombra ni cuentas pendientes con nadie que no sea el pueblo santafesino”, concluye el comunicado.
“Les molestan nuestros centros de salud, las rutas, que difundamos la cultura”, espetó y reiteró que es víctima de una operación sucia de “dos o tres personajes mercenarios de la política santafesina que tienen nombre y apellido”.

 

 

 

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