Escribimos para la mayoría de los argentinos que «viven de espaldas al mar» y para
los bonaerenses a los que el Gobierno Nacional les enajena los recursos pesqueros
y, lo que es peor aún, lo hace con una ineptitud tal, que compromete estos recursos
naturales para las próximas generaciones y atenta contra la industria y el empleo
radicado en todo el territorio provincial.
Todos estamos afectados por décadas de gobiernos nacionales incapaces, que mal
administran el recurso pesquero que pertenece a la Provincia de Buenos Aires y a
todos sus pobladores. Se apropian de los recursos pesqueros de dominio de la Provincia en su territorio; los
migratorios originarios de éste y los que forman parte del ecosistema y, no realizan ninguna acción para impedir la
pesca ilegal de las especies migratorias en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar, por parte de buques
extranjeros. Es decir, administran irregularmente.
La Argentina tiene una Zona Económica Exclusiva de 3.757.124 Km2, dentro de la cual, unos 520 buques
nacionales capturan anualmente unas 800 mil toneladas; ello, pese a la potencialidad del atlántico sudoccidental
de unos 1,7 millones de toneladas de peces y calamares que son extraídos en su mayoría por buques españolesbritánicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción por parte del gobierno nacional, con un evidente
perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. Mientras ello ocurre, unos 10 mil barcos chinos
superan sus 200 millas marinas y se dedican a la pesca a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos
24 países, entre ellos, de España, Japón, Corea, Taiwán y el Reino Unido asociado a España. Ello explica -junto a
la producción de la acuicultura que representa el 49% de la explotación mundial- las razones por la que Argentina
es insignificante en el comercio mundial pesquero. Por ejemplo, España, “con una ZEE de 1.040.000 Km2 de un
tercio de la de Argentina, tiene 8.972 buques pesqueros; captura un millón de toneladas/año; importa 1,8 millones
de toneladas; exporta 1,2 millones de toneladas; consume 23 Kg per cápita y tiene 231 buques pescando en aguas
internacionales” (CEPESCA, 2018).
Nuestros vecinos capturan en altamar. Chile tiene cuatro flotas que pescan fuera de la ZEE: la industrial de jurel,
krill y bacalao y la artesanal de pez espada y, Perú, donde sus embarcaciones artesanales salen fuera de las 200
millas en busca de perico y los industriales van a la captura de jurel, caballa y atún.
La Argentina, no revertirá su situación si -además de implementar un importante desarrollo en la acuicultura y
maricultura- no sale a competir con la flota internacional en alta mar y administra adecuadamente los recursos
migratorios en la ZEE y alta mar. Nada de ello es posible si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo y
apoyo financiero a estas actividades. Lejos de ello, este gobierno, promueve una reforma para extranjerizar la
explotación pesquera y aplicar un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que van en contra de la
industria nacional.
El gobierno nacional se comporta como “el perro del hortelano”, se queda con la administración de los recursos
pesqueros de las Provincias y va camino a regalarles la pesca a quienes tienen el mercado mundial.
Es muy difícil de explicar, que la Argentina en 1975 con una captura total de 504 mil toneladas ocupó más
personal que con una captura total de 800 mil toneladas en 2023. Varias son razones y entre ellas que gran parte
de las exportaciones se reprocesan en países importadores transfiriéndoles a estos la mano de obra directa e
indirecta. Una política que promueve la desocupación, aunque elemental frente a la que sería entregarles el mar (la
reforma de la ley de pesca) o directamente todos los permisos (RIGI).
Es “el cuento de la buena pipa” ya que el modelo que impera lleva a los municipios a entender como nacional la
actividad; la Nación no lleva adelante proyectos de desarrollo local o regional y el gobierno actual va camino a
enajenar una actividad productiva nacional que ha generado pueblos y empleo.
Los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca por su parte refieren a número total desembarcos que es
absolutamente inconsistente, donde no distingue si se trata de especies enteras; sin cabeza-cola (H&G); filetes,
etc. y, para iniciar una administración sostenible y sustentable del recurso debe establecerse el tipo de proceso
sufrido previo a la descarga; los volúmenes y especies ciertos desembarcados; los descartes y residuos en el mar;
el stock en las cámaras y, por cierto, los valores ciertos de exportación, entre otras cosas. La falta de control de la
actividad hace inviable una administración eficiente del recurso por parte del Estado Nacional. No imaginamos el
descontrol de una pesca extranjerizada.
Hay descartes en el mar estimadas en el 30% de las capturas según la FAO, el INIDEP, la AGN y el Banco de
Desarrollo, en un país con 48,3% de pobres, es decir 22,6 millones de personas y 11,9% de indigentes que
comprenden 5,5 millones de personas. La pesca puede ser una herramienta fenomenal para la provisión de
proteínas de alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el problema del hambre y desnutrición
de la Argentina. Si reguláramos el descarte al mar de pescados, como ya lo estableció la Unión Europea en 2004 y
la Argentina en 1998 por el artículo 21 de la Ley 24.922, tendríamos 3 millones de raciones diarias de alimentos
proteicos todo el año para los niños y adolescentes argentinos. Nada que haya resuelto el gobierno nacional y que
habrá de agravarse con la política extractiva y de desindustrialización que lleva este gobierno.
La mayoría de los buques congeladores pueden producir mecánicamente unas mil toneladas de filetes de pescados
congelados listos para exportar, utilizando una tripulación promedio de unos 40 operarios y realiza al año unas 6
mareas. Para elaborar esas mil toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es decir, que
al año se habrán tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos. Si llevamos este número a 35 buques
congeladores arrastreros se habrán tirado por año un total de unas 357.000 toneladas de residuos de pescados al
mar. Si nos retrotraemos a veintiséis años atrás, cuando se promulgó la ley 24.922, se habrán tirado al mar más de
9,3 millones de toneladas de residuos además de los millones de especies capturadas descartadas. Imaginemos
entonces, la contaminación marina y analicemos las pérdidas que significan para la Argentina. Según la FAO, con
una tonelada de residuos de pescado se obtienen 225 kg de harina y 50 kg de aceite. El procesamiento a bordo y el
descarte al mar de las 10.200 toneladas de residuos citados nos impide usarlos para la fabricación de 2.295 kg/año
de harina y 510 kg/año de aceite de pescado; por lo cual, a un valor de exportación de U$S 1.490 la tonelada de
harina, significa una pérdida de 3,4 millones de dólares, más el valor de U$S 2.348 la tonelada de aceite, provoca
una pérdida de U$S 1,2 millones de dólares; es decir, que la Argentina pierde con el procesamiento a bordo y el
descarte de los residuos de cada buque la suma de 4,6 millones de dólares por año, lo que multiplicado por los 35
buques congeladores-procesadores arrastreros significa una pérdida total anual de unos 161 millones de dólares, a
lo que deberían sumarse las pérdidas y la contaminación derivadas de los descartes al mar de las especies
“llamadas no comerciales” o de “pesca incidental”.
Deberíamos agregar que se requieren unas 4,9 toneladas de residuos de pescado salvaje para obtener la harina y el
aceite necesario para producir una tonelada de salmón. Es decir que, si la Argentina quisiera incursionar en la
acuicultura o maricultura, a la usanza de la política de China o España, debería tener muy en cuenta la utilización
plena de los residuos.
No se pueden tirar toneladas de proteínas al mar, mientras hay millones de niños pobres, indigentes y desnutridos.
Por supuesto, que esto se agravará de continuarse las políticas actuales o aún peor, extranjerizando el mar o
vendiendo las empresas nacionales.
La Argentina con 4,9 kg per cápita/año es el país que menos consumo tiene en Latinoamérica que consume un
promedio de 9,8 Kg. Aún más bajo que África que consume un promedio de 11 Kg. y por supuesto que la Unión
Europea que alcanza un consumo promedio anual per cápita de 22 Kg. Si todas las exportaciones de pescados
blancos, calamar, anchoítas y conservas se destinasen al mercado interno, los argentinos alcanzarían a un consumo
de 11,5 kg. aún por debajo del promedio de consumo mundial de los 20 Kg. No hay plan nacional de consumo de
pescado y la Provincia de Buenos Aires no puede quedar a la espera, a partir de recuperar el recurso.
La industria pesquera no puede escapar a las generales de la ley en un país con un gobierno sin proyecto nacional
marítimo y pesquero, que está dispuesto, incluso, a extranjerizar la explotación del mar argentino sin exigir el
desembarque en los puertos nacionales de las capturas y utilizando tripulación extranjera. Parece el límite que se
puede tolerar y, pese a ello, los propios interesados permanecen inermes ante un Estado Nacional que primero se
apropia de los recursos provinciales y luego avanza en entregarlos a empresas extranjeras por el mero pago de un
canon, destruyendo la industria, el desarrollo regional y el empleo.
Ello, en medio de un costo interno desmesurado que dificulta la explotación de los recursos del atlántico sur y su
proceso industrial, dejando fuera de competencia, a esta actividad de interés económico, social y estratégico. Un
verdadero cuento de la buena pipa. Nadie puede imaginar un presente ni un futuro promisorio en esta u otra
actividad exportadora en un país con una inflación altísima, cuando los principales competidores pesqueros y
compradores en el mundo tienen una inflación interanual (abril/2024) de 2,2% (Alemania); 2,2% (Francia); 3,3%
(España); 0,3% (China); 3,4% (Estados Unidos); 2,7% (Japón); 0,9% (Italia); 3,2% (Reino Unido); 3,1% (Corea
del Sur); 17,7% (Rusia); 3,2% (Brasil) mientras que la Argentina tiene una inflación de 289%. Hoy, mañana o
pasado los productos dejan de ser competitivos o se exporta a pérdida, mientas que la actividad agropecuaria y las
capturas en alta mar se subsidian en la Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro país, los altos
costos de la energía, los combustibles, las cargas impositivas, la falta de crédito a la producción y las altas tasas de
interés, terminan transformando en financieras a las empresas industriales para obtener las utilidades que sería de
esperar fuesen el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse en este escenario un gran desarrollo
empresario, donde el Gerente Financiero reemplaza al de Producción.
El viejo aforisma de que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado” está siendo utilizado por la Nación, quien
a través de un andamiaje de leyes destinadas a administrar la totalidad de los recursos está perjudicando a la
Provincia de Buenos Aires y a otras provincias del litoral marítimo, ya que sus ingresos por la explotación
pesquera se ven seriamente disminuidos y, la pesca, no es solo una actividad económica, sino una herramienta de
radicación industrial, poblacional y de generación de empleo.
La Nación lleva adelante un modelo que no beneficia a los intereses provinciales. Una investigación sin la
necesaria participación de la provincia; los mares sin control y una pesca ilegal creciente que depreda el
ecosistema, en el que intervienen los recursos pesqueros provinciales. Sus políticas están destinadas a profundizar
la desindustrialización, a desnacionalizar la actividad y a concentrar en pocas empresas extranjeras la actividad. A
través de la “ley de bases” y la instauración del “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por el
que «se otorga exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias por 30 años a aquellos proyectos que inviertan más
de 200 millones de dólares en bienes de capital; que alcanzan a reducciones del impuesto a las ganancias de 35%
al 25%; la libre disposición del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del
40% a partir del segundo año y de la totalidad (100 %) a partir del tercero; el pago de IVA con crédito fiscal;
podrán aplicarse al pago de impuesto a las ganancias, a los impuestos a los bienes personales y al cheque,
implicando de hecho la exención de esos tributos. Estas compañías podrán importar bienes libres de aranceles y
no pagarán el impuesto PAIS; además de quedar exentos del pago de impuestos inmobiliarios, ingresos brutos y
tasas municipales” (Pulti, Gustavo “Proyecto de Declaración de rechazo al Proyecto de Ley de Bases…”, 2024).
Una verdadera inequidad que afectará seriamente a los recursos de la Provincia y los Municipios y a todas las
empresas pesqueras y proveedoras de insumos que instaladas en la Provincia de Buenos Aires (y en otras
provincias) carecerán de todo incentivo compensatorio y, ante tanta desigualdad las sacará de competencia en el
mercado internacional y nacional y quedando tentadas de poner la bandera de remate a sus instalaciones, buques y
concesiones poseedoras de permisos, cuotas y autorizaciones de pesca. Tendrá un efecto peor al proyecto de
reforma de la ley de pesca que integraba la “ley de bases” que fue desestimado ante la presión de expertos, los
medios, el sector pesquero y distintos referentes políticos; ya que, no se quedarán estas empresas solo con el mar y
sus recursos, sino con toda la industria radicada en tierra, seguramente reduciendo el agregado de valor y, el
consecuente desempleo argentino, en favor de los mercados de los que procedan las inversiones.
Cuando se eligen los gobiernos nacionales, los votantes no pueden imaginar que los recursos naturales de sus
provincias serán apropiados en favor del tesoro nacional, mantener una estructura centralista y administrar la
política sectorial; pero, los sectores directamente interesados que invierten en la Provincia debieran preocuparse
sobre qué políticas van a llevar los administradores del Estado Nacional, ya que no debieran quedar la política
pesquera en poder de un subsecretario o de un Consejo Federal Pesquero (CFP), integrado igualmente por un
representante provincial quien, aun teniendo una política clara provincial, deberá actuar en minoría frente a los
funcionarios nacionales que integran el cuerpo. Aquí aplica el viejo dicho de «a río revuelto ganancia de
pescadores», ya que la participación atomizada de las provincias en ese Consejo, en ocasiones con intereses
contrapuestos, sobre los que actúan políticos, empresarios y sindicatos ha facilitado la tarea de monopolizar la
administración por parte de la Nación.
Dos son los aspectos centrales sobre los que estamos prestando atención: los derechos provinciales no delegados a
la Nación sobre los recursos pesqueros y la administración provincial de los recursos migratorios y asociados.
El gobierno de la Nación se queda con los recursos naturales de la Provincia. ¿Los pioneros y hacedores de la
pesca dónde están? «…Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar» (Martin
Niemöller, 1946).
Dr. César Augusto Lerena.
Experto en Atlántico Sur y Pesca
Ex Secretario de Estado.
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
Presidente de la Fundación Agustina Lerena
www.cesarlerena.com.ar
mayo de 2024
