El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció que el juicio que comenzará el 26 de octubre contra trabajadores de ATE y referentes sociales que participaron de las protestas contra la reforma constitucional de 2023, conocido también como Jujeñazo, es una «maniobra de disciplinamiento» en un contexto de desalojos brutales en Jujuy.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestó su «más absoluto repudio» a la criminalización de la protesta del denominado «Jujeñazo» y rechazó la elevación a juicio de la causa contra 19 trabajadores que salieron a la calle para oponerse a la reforma constitucional de la provincia, que terminó habilitando la expropiación acelerada de tierras. El juicio comenzará este 26 de octubre y se extenderá durante diez jornadas, hasta el 6 de noviembre, en lo que el FreSU calificó como una «clara maniobra de disciplinamiento y persecución».
Entre los imputados se encuentran los trabajadores de ATE Santiago Zamora, Gabriel Taboada y Walter Puca, junto a otros referentes de organizaciones sociales. Según denunció la CTA Autónoma en su momento, «la causa está armada» y el juez Rodolfo Fernández habría rechazado pruebas presentadas por la defensa. Los manifestantes fueron detenidos durante las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales, y la CTA Autónoma denunció que nunca se individualizó a quienes cometieron los delitos que se les imputan.
El FreSU advirtió que el juicio se produce «en un contexto de desalojos brutales» que se están llevando a cabo en la provincia de Jujuy por el gobierno de Carlos Sadir. Recientemente, la comunidad indígena Santa Rosa de Humahuaca sufrió un violento desalojo que dejó al menos diez heridos y la destrucción de tres viviendas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que estos operativos se enmarcan en una política de despojo territorial que afecta a comunidades campesinas e indígenas, en sintonía con la derogación de la Ley 26.160 que protegía los territorios de los pueblos originarios.
El Frente hizo un llamado a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades democráticas de todo el país a tomar esta causa para exigir el sobreseimiento y la absolución de los imputados. El FreSU denunció que se trata de un «armado de causas plagadas de irregularidades, con el único objetivo de perseguir y disciplinar la organización social y la lucha colectiva».
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