La Secretaría de Trabajo estudia convalidar solo parcialmente el acuerdo salarial de la Federación de Empleados de Comercio FAECYS que beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores. Si bien aceptaría el aumento salarial, el oficialismo cuestiona las subas que generan aumentos al empleador, el de la cuota solidaria sindical (del 2% al 2,5%) y el incremento de la contribución empresarial a la obra social, que pasa de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador. La medida, que ya tiene un antecedente en el gremio de Camioneros, amenaza con abrir un nuevo frente de tensión con los gremios.
El Gobierno nacional evalúa no homologar de manera completa el acuerdo paritario firmado por el Sindicato de Comercio, lo que abre un nuevo frente de conflicto con el movimiento sindical en el marco de las negociaciones salariales de 2026. Según información publicada por Infobae, la Secretaría de Trabajo estudia convalidar solo parcialmente el convenio suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a las cámaras empresarias. Las objeciones oficiales no se centran en el incremento salarial, sino en aspectos específicos del acuerdo que, desde el oficialismo, consideran un costo adicional para las empresas.
El entendimiento contempla una suba del 5% distribuida en tres tramos, 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, además del pago de un bono extraordinario de $120.000 para el trimestre. Sin embargo, el Gobierno cuestiona dos puntos centrales: el aumento de la cuota solidaria sindical, que pasaría del 2% al 2,5%, y el incremento de la contribución empresaria destinada a la obra social del sector, que se elevaría de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador. Desde el oficialismo sostienen que estos puntos no impactan directamente en el salario de bolsillo de los trabajadores y representan un costo adicional significativo para las empresas, por lo que podrían quedar excluidos del proceso de homologación.
La posible decisión se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo orientada a limitar acuerdos que, a su criterio, resulten incompatibles con la política económica vigente, especialmente en lo referido a la contención de aumentos por encima de las pautas inflacionarias. No es la primera vez que el Gobierno aplica este criterio. Existen antecedentes recientes en esa línea: en la negociación del gremio de Camioneros, el Gobierno aplicó una homologación parcial, validando los incrementos salariales pero rechazando otros componentes del acuerdo vinculados a aportes empresariales y adicionales.
Ese antecedente no hace más que encender las alarmas en el sindicalismo, que ve en estas medidas un avance sistemático sobre las fuentes de financiamiento del sistema de salud que utilizan los mismos trabajadores, cuyos costos aumentan mes a mes.
La paritaria de Comercio, que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores, es una de las más relevantes del país y suele funcionar como referencia para otras negociaciones del sector servicios y la pequeña y mediana empresa.
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