El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, levanta el perfil tras ser excluido en la causa de la CGT contra la Reforma Laboral. Ahora, en el marco del Gobierno para incumplir la Ley de Financiamiento Universitario que exige aumento salarial para trabajadores de las altas casas de estudios, Amerio pidió la excusación de los tres supremos Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti porque se desempeñan como docentes en universidades nacionales. Reclamó que se conforme el Máximo Tribunal pero con «conjueces». Fuentes jurídicas afirman que, pese al recurso de queja, el Poder ejecutivo debe cumplir la ley y pagar el aumento salarial.
El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, emitió un pedido para que los tres jueces de la Corte Suprema de la Nación se excusen de decidir sobre la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la que exigieron que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Esto implica que se transfieran los fondos para salarios y presupuestos que requieren las universidades para funcionar y es lo que el Gobierno busca evitar.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina está integrada por tres jueces: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti. El tribunal funciona con esta composición reducida tras la salida de otros miembros en años anteriores. El Gobierno nacional pidió reemplazarlos por conjueces argumentando que se desempeñan como docentes de universidades nacionales.
El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti es docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con uso de licencia, Carlos Rosenkrantz es docente de la Universidad de Buenos Aires, y Lorenzetti es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UNCuyo (Mendoza), de Tucumán (UNT) y del Litoral (UNL).
La estrategia del Gobierno apunta a desplazar a los tres jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y que la decisión sobre el financiamiento universitario la tomen tres conjueces, en una maniobra de las últimas antes de confirmarse lo que seguramente suceda y es que el máximo tribunal le dé la razón a las universidades en su reclamo para que se recompongan los fondos para las universidades nacionales. Especialmente porque le ley de financiamiento pasó cinco veces por debates y votaciones en el Congreso y resultó aprobada.
En el gobierno de Javier Milei aseguran que tras el recurso extraordinario que presentaron el viernes pasado ante la Corte Suprema para seguir eludiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es “altamente improbable” que les concedan la suspensión, es decir que terminarán beneficiando el reclamo de las universidades nacionales.
Efectivamente, desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, indicaron en un posteo en X que «un recurso a la CSJN contra una cautelar es procesalmente imposible. La Cámara lo rechazará sin elevarlo a la Corte. El PEN tendrá la posibilidad de ir a la CSJN en queja, pero dicho recurso no suspende los efectos de la sentencia. Es decir: @JMilei tiene que pagar».
El Gobierno sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la normativa. El costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, cifra que consideran inviable en el corto plazo. Tras la sanción en el Congreso y el rechazo al veto presidencial, el Ejecutivo perdió en primera y segunda instancia judicial y ahora elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El rector de la UNC, Jhon Boretto, afirmó hoy en diálogo con La Voz que «para recuperar la pérdida salarial, debería haber un aumento del 48%»
