El golpe más siniestro de la historia política argentina

Desde 1862 a 1930 la Argentina vivió una larga etapa de estabilidad política. Los gobiernos se sucedían cada seis años, como lo marcaba la Constitución. Es cierto que era una democracia restringida, porque el voto no era universal y abundaban las malas artes en los actos comiciales, pero desde 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, se hizo realidad el anhelo que por más de dos décadas había constituido uno de los postulados esenciales de la Unión Cívica Radical, el de la pureza y la generalización del sufragio.

En ese período hubo un extraordinario crecimiento que, a la par de masivas oleadas inmigratorias europeas, crearon, al amparo del sistema educativo sarmientito, una extendida clase media. Después llegaron primero la inestabilidad política y más tarde el estancamiento económico. La asombrosa Argentina de las primeras décadas del siglo XX fue perdiendo posiciones en el mundo, hasta alcanzar una notoria irrelevancia.

Un nuevo actor político entró en escena: el partido militar. Pero no habría podido mantener por tanto tiempo un papel protagónico si no hubiera contado con el apoyo explícito de parte de la sociedad y por lo menos cierta aquiescencia de otra parte. Los conflictos que la política no podía procesar los dirimían las Fuerzas Armadas, que se asignaron el rol de “última reserva moral de la República”. Hoy la frase nos resulta ridícula, pero no lo fue para millones de compatriotas durante alrededor de medio siglo. A su amparo se sucedieron los golpes militares de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

Este último fue, sin duda alguna, el más siniestro, por la decisión de quienes lo encabezaron de combatir al terrorismo mediante otro terrorismo, el de Estado, sin límite alguno, sin la menor apariencia siquiera de debido proceso, asesinando personas en la clandestinidad y haciendo desaparecer sus cadáveres. Pero ese golpe contó también –y tal vez de manera mayor que otros- con el asentimiento de gran parte de la ciudadanía, impaciente ante un gobierno ineficaz, que se cerraba sobre sí mismo. Es necesario recordar, porque no suele ser tenido en cuenta, que el terrorismo de Estado tuvo sus primeras manifestaciones durante ese gobierno de origen democrático, a través de la nefasta Triple A.

El llamado Proceso de Reorganización Nacional, que duró casi 8 años y tenía la pretensión de perpetuarse en el poder, cayó por su fracaso económico y por el desastre de la aventura bélica de Malvinas. Entonces la sociedad revalorizó el sistema democrático. Suele decirse que a partir del 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, la Argentina “recuperó” la democracia. En rigor, desde ese momento nuestro país comenzó a construir una democracia plena. El camino no ha sido fácil, pero ni en los momentos más críticos la antigua solución militar fue considerada seriamente por nadie.

En el comienzo de esa etapa la Argentina era casi una isla democrática en medio de gobiernos de facto en casi toda Sudamérica. En ese contexto, Raúl Alfonsín impulsó los juicios a quienes habían ordenado la violación masiva de derechos humanos en nuestro país. Esos procesos fueron inéditos en el mundo y deben ser un motivo de legítimo orgullo para los argentinos. Como miembro de la Cámara Federal me cupo ser uno de los jueces que sustanciaron los procesos y dictaron las condenas. De las diversas responsabilidades públicas que he tenido, sin dudas esa fue la más trascendente de mi vida. Pero aún más importante que las condenas judiciales fue la toma de conciencia de los ciudadanos acerca de los horrores a los que conduce el desprecio del Estado de Derecho.

Se ha establecido como feriado nacional el 24 de marzo, en carácter de Día de la Memoria. Creo que, si debe haber un feriado, una fecha mejor para ubicarlo es el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con la jornada inicial de nuestra democracia. Porque los derechos humanos no se agotan en la recordación –necesaria- de un período demencial de la historia argentina. Son una causa permanente, un verdadero Evangelio laico de nuestro tiempo, que no debemos dejar de defender porque es el único modo de asegurar el respeto por la dignidad humana.

 

*Presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR. Integró el Tribunal que juzgó a la Junta Militar.

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