La Cámara de Diputados terminará de constituir esta semana sus 46 comisiones permanentes y la semana que viene podría volver al recinto la votación de la ley ómnibus, ahora en una versión recortada tras el revés del primer intento de aprobarla en febrero pasado. La idea es tratarla antes de fin de mes. Podría activar una serie de protestas sindicales por la cantidad de actividades que afecta.
La idea del oficialismo, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, es convocar al recinto el próximo miércoles 24 o el jueves 25 de abril. Con este norte, no se descarta que este miércoles pueda haber un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, las mismas que deliberaron durante el período de sesiones extraordinarias.
Gabriel Bornoroni es el presidente de Legislación General, que es cabecera del debate, pero ahora deberá deberá lidiar con una doble responsabilidad, ya que fue proclamado nuevo jefe del bloque de La Libertad Avanza, tras la caía en desgracia y descabezamiento de Oscar Zago.
Es muy inhabitual que un presidente de bloque oficialista sea también quien coordine el debate de la ley más importante del Gobierno, por lo que hay rumores de una posible sustitución.
Las negociaciones de la letra chica del borrador que hizo llegar el Gobierno al Congreso atraviesa sus horas finales. En una entrevista televisiva concedida anoche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que las partes están «más cerca» de un acuerdo de lo que estaban antes.
«Vamos a puntear artículo por artículo antes de ir al plenario. Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista», afirmó el riojano.
Entre los puntos en discusión se encuentra el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Al respecto, Menem reconoció hay «una o dos empresas que generan algún tipo de duda». Entre ellas se encuentra indudablemente el Banco Nación.
El otro punto de discusión es la reforma laboral, que será incorporada a la ley Bases. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta del bloque de la UCR que propone incluir como opcional el fondo de cese laboral, extender los períodos de pasantía a seis meses y reducir las multas por no registración laboral.
También proponen eliminar la cuota solidaria que es el descuento compulsivo de parte de los sindicatos a los trabajadores.
Sin embargo, ese es un punto que en este etapa el Gobierno no se inmiscuiría para no abrir un frente de conflicto irreversible con la CGT.
La central obrera se mueve en zigzag y da señales ambiguas, ya que mientras hacia afuera simula endurecimiento y convoca a un paro general para el 9 de mayo, hacia adentro le dice al Poder Ejecutivo que está dispuesta a aceptar algunos de los cambios en este diálogo a tres bandas con los operadores de la UCR.
En paralelo a la ley ómnibus, se va a tratar y votar la ley de «Medidas Fiscales», que contiene reformas como la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de Capitales y la resistida reposición de la cuarta categoría de Ganancias, que volvería bajo la forma de un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos.
Este último tributo, rebautizado «impuesto a las ingresos personales», es otro vector de controversia y el Gobierno está buscando ablandar a los gobernadores y bloques amigables para que voten en sintonía a la propuesta. No están lejos de un entendimiento.
Todos estos temas, juntos con las privatizaciones y la eliminación de la estabilidad laboral del ámbito público, generan urticaria en el universo gremial. Por ello se espera que en caso de que lleguen a la Cámara Baja se activen protestas que anticipen lo que será la movilización del 1 de mayo y el paro general del 9 de mayo.
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