El Sindicato de Empleados del Tabaco culpó al gobierno por la crisis que atraviesa la actividad. “A nivel nacional se perdieron cientos de puestos de trabajo en cinco meses”, señalaron desde el gremio.

El Sindicato Único de Empleados del Tabaco (Suetra), que conduce Raúl Quiñones, dispuso el estado de alerta mientras se profundiza la crisis del sector, al igual que lo hizo la Federación Gremial del Tabaco, que encabeza el dirigente Juan Martini.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Suetra, “esta semana, y por primera vez en sus más de 110 años de producción en el país, la empresa Massalin Particulares se vio obligada a parar sus fábricas en Merlo (provincia de Buenos Aires) y Goya (Corrientes) para ajustar stocks tras la caída del 20 por ciento de los volúmenes de venta desde el aumento del impuesto interno decretado por el Ministerio de Hacienda en mayo pasado.

El texto añade que “sin mantener diálogo alguno con los trabajadores ni las empresas, las autoridades del Gobierno decidieron subir los impuestos a los cigarrillos al 80 por ciento del valor de venta al público, conviertiéndolos en los más altos de América Latina y ubicándolos entre los más altos a nivel mundial”.

“Esto obligó a subir los precios más del 50 por ciento de un día para el otro, provocando una merma del 30 por ciento en la producción, perjudicando a trabajadores, empresas, consumidores y abriéndole la puerta al contrabando”, indicó.

Tras denunciar que ello pone en jaque a miles de trabajadores del sector tabacalero, Suetra añadió que “ya se cerró una boca de acopio en Tucumán y a nivel nacional se perdieron cientos de puestos de trabajo en cinco meses.

El reclamo de Suetra se suma al de la Federación de Trabajadores del Tabaco, que ayer denunció el despido de más de 500 trabajadores en Salta y Merlo, en la provincia de Buenos Aires, así como el licenciamiento por toda la semana de la empresa Massalin & Particulares, por exceso de stock.

Martini además de denunciar los despidos directos e indirectos bajo la modalidad de retiros voluntarios, reclamó “la intervención del gobierno nacional para evitar una sangría en las fuentes laborales”.