(Por Pablo Maradei) El sistema de salud quedó desregulado gracias a las decisiones del gobierno. Entre otras, prepagas como Swiss Medical ganan; mientras que OSDE pierde; las Obras Sociales sindicales, una de cal y otra de arena. Especialistas opinan del tema para InfoGremiales.
Hacer números y tejes y manejes en el vidrioso y multimillonario sistema de salud argentino no es para cualquiera; y más que ahora no está el Estado observándolo todo: los valores mensuales ya no están pisados y mes a mes los usuarios reciben el porcentaje de aumento que determinan las prepagas. La desregulación, de la que muchos se quejan, no resuelve el principal problema que es la aspiradora de pesos que se necesita para bancar el rubro «discapacidad» que todos los meses le arranca un 80% del presupuesto al Fondo de Redistribución Solidario (FSR).
«Para no meterse con la Iglesia y con fundaciones que están detrás es que impera el statu quo, pero se podría sanear el presupuesto y ser más equitativos con todos», dice a InfoGremiales un especialista en el tema salud.
Sigue: «Hay que hacer igual que con el transporte de pasajeros, dejar de subsidiar a las empresas para subsidiar directo a los usuarios. Esto es: que el beneficio lo reciba directamente aquella persona con discapacidad o sus familiares».
Completa: «De esta manera, no podrá exprimir el sistema solamente aquellas familias ricas que pueden contratar abogados, sino que también el pobre estará en iguales condiciones que el rico». Concluye: «El plan de Milei no sanea el sistema de salud».
Entre la normativa de la desregulación, se incluye que todo aquel que vaya a aportar directo a una Prepaga deberá pagar un adicional del 20% que se destinará al FSR. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y Presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dijo en una entrevista que «se creó un nuevo impuesto vía DNU» (lo que está prohibido legalmente ya que es facultad del Congreso) y que indefectiblemente «será trasladado a la tarifa» por lo que «es inviable». Lo que no dice es que Swiss Medical, al no ser Obra Social por no estar alcanzada por las leyes 23.660/1, puede repeler a quienes vayan a querer afiliarse: por supuesto hablamos de personas con discapacidades o que tengan enfermedades bravas preexistentes.
A diferencia de Swiss Medical, OSDE sí está encuadrada en esas leyes y por lo tanto deberá aceptar a quienes vayan a tocarle la puerta: no solo que deberá tener esa tarifa alta, sino que también deberá aceptar a esos pacientes.
En cualquiera de los casos, ese 20% es un sobrecosto para el usuario o para la empresa que se haga cargo de pagarlo a sus empleados.
Por otro lado, las obras sociales sindicales son las que también aceptaron, no solo a los enfermos complicados, sino también son las que aceptan a los monotributistas sociales que, con su aporte, no alcanza ni a cubrir el PMO (Programa Médico Obligatorio).
Pero, ¿qué pasa financieramente con las obras sociales? ¿Pierden o ganan?
Por un lado, está claro que Javier Milei quiere correr a las Obras Sociales del medio; reducirles el porcentaje que le cobran a los afiliados que luego derivan a la prepaga que elijan. Por esa intermediación se quedan con el 8% de todo lo que viene del aportante y el otro 92% lo pasan a las prepagas (luego las prepagas cobran a su afiliado la diferencia). Por este lado dejan de recaudar ese importe porque una persona puede ir directamente a OSDE o a una prepaga que lo acepta, si es que lo acepta.
Pero ahora bien, lo que se multiplica exponencialmente es lo que vaya a recaudar el FRS; que es justamente el dinero que, entre otras cuestiones cubre Discapacidad: por lo tanto, las obras sociales sindicales podrán -si es que así lo logran- recaudar más.
Ese volumen de dinero que se ampliará, ¿lo seguirá manejando la Superintendencia de Salud? ¿O estará en la mira de Institutos a desguazar? Sería ilógico que hiciera un fideicomiso; herramienta que ya está en los planes de desintegración estatal.
A su vez, también rigen convenios entre obras sociales y prepagas u OSDE que están vigentes y habrá que desmantelarlos como para dar lugar a que cada cual elija su cobertura sin intermediarios. Esto puede llevar tiempo y habrá que evaluar mecanismos jurídicos complejos en los que también correrán amparos por aquellos que tienen tratamientos prolongados.
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