Inmigrantes en el centro de salud de Osakidetza en Bilbao.
La puesta en marcha de la no renovación de las tarjetas a “sin papeles” – una medida con la que calculan ahorrar unos 500 millones de euros – se ha encontrado con la oposición de numerosos grupos sociales y de parte de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a esos pacientes que se queden fuera del sistema sanitario.
Varios centenares de personas se manifestaron por lo que consideraron una medida “inhumana”.
La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá, en todas las comunidades autónomas, a los inmigrantes en situación irregular, que tendrán “derecho a una asistencia sanitaria, pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares”.
“No va a haber desatención sanitaria”, dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes, recordando que se atenderá a “menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades contagiosas”.
El paquete de reformas aplicadas sobre el sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7.000 millones de euros, incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor el pasado julio, medidas contra el turismo sanitario – para reducir los costes en 1.000 millones – y el aumento de la coordinación entre comunidades.
Entre los críticos con la retirada de las tarjetas están organizaciones sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.
“Cuando entre en vigor, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables (…) y por ser una medida regresiva y discriminatoria”, explicaron el viernes en un comunicado conjunto.
Según los colectivos, esta decisión “podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud”.
Protestas
Grupos de inmigrantes, médicos y ciudadanos de a pie españoles se manifestaron el sábado en varios puntos del país contra la pérdida de la cobertura sanitaria general para los inmigrantes irregulares. En Madrid, más de un centenar de personas se concentraron delante del hospital Gregorio Marañón, donde llegaron a cortar el tráfico.
“Somos humanos, no agresores ni bandidos. Estamos aquí para buscarnos la vida y ayudar a nuestras familias en África”, dijo Moha, un senegalés de 30 años en situación irregular que vive en España con parte de su familia desde hace seis años.
Durante la protesta, Moha portaba una de las múltiples pancartas en las que se calificaba la medida del Gobierno de “apartheid sanitario”.
El personal del centro mostró su “desacuerdo” con el Ejecutivo acudiendo a la protesta. “Parece que vamos a una sociedad de segunda clase, esclavista, tenemos a gente que nos ayuda a hacer cosas (…) y les quitamos la sanidad que es lo único que la sociedad les aportaba”, dijo un microbiólogo del hospital.
“Este Gobierno es el primer inhumano del país, está quemando todos los derechos de los trabajadores (…) todos estamos afectados con este recorte”, señaló Hassan Aimani, que llegó a España hace dos décadas y preside de una asociación marroquí de derechos humanos.
Financiación
A pesar de que a partir de ahora los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que abonar sus consultas, como ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, la portavoz del Gobierno reconoció que aún “se tienen que buscar los mecanismos para el reintegro y el reembolso de esos gastos” .
Los pagos podrían realizarse bien a través de convenios bilaterales con los países de origen de los beneficiarios, que sean ellos quienes lo paguen o que esto corra a cargo de fondos sociales.
En este caso, “las comunidades autónomas pueden definir en sus ámbitos de competencias cómo se va a dar esa atención y a sufragar”, apuntó Sáenz de Santamaría, aunque dos de ellas, Asturias y Andalucía, mantendrán la atención sanitaria gratuita. El resto, se regirá por distintos criterios.
También desde hoy, los españoles deben pagar íntegramente el precio de hasta 417 fármacos menores – antes incluidos en el catálogo de medicamentos subvencionados por el Estado – con lo que el Gobierno espera ahorrar hasta 450 millones de euros.
El objetivo de España es reducir su déficit publico del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014, para lo que no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
Entre las medidas puestas en marcha está el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que dejará unos 22.100 millones en las arcas del Estado hasta 2014, la reforma del sistema educativo – que supondría un ahorro en torno a los 3.000 millones de euros – y recortes en los empleos públicos, entre otros.
El gasto anual en el sistema público de salud es de 3.067 dólares al año por persona, por debajo de la media de 3.361 dólares en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) según los últimos datos disponibles, de 2009.
