Guillermo Coll entró a la SIDE en 1987, trabajó en los albores del llamado “Proyecto AMBA” y le contó al juez con escalofriante precisión a quiénes perseguían en Bahía Blanca, cómo y por qué.
Uno de los exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) procesados por Alejo Ramos Padilla dio detalles de cómo funcionaba el espionaje en Bahía Blanca, quiénes eran los blancos e incluso habló de la cooperación con el juzgado federal. Fue clave para el procesamiento el hallazgo de un listado de organizaciones a las que la exSIDE tenía en la mira y que, como reconoció el propio imputado, actualizaba año a año e incluso compartía con las autoridades nacionales del organismo.
Guillermo Coll entró a la SIDE en 1987. No especificó si ya era ingeniero o se recibió mientras trabajaba para los servicios. Entre abril de 2004 y abril de 2017, fue el jefe de la delegación Bahía Blanca de la Secretaría de Inteligencia (SI), primero, y de la AFI, después. Como tal llegó a trabajar durante los albores del llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en la creación de seis nuevas bases en el territorio bonaerense para hacer espionaje político, que se acoplaron a las tres delegaciones históricas de la exSIDE en la provincia. La de Bahía Blanca es una de ellas, supuestamente creada en dictadura, según relató otro de los imputados en la causa.
Mientras investigaba el “Proyecto AMBA”, Ramos Padilla le pidió a la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, que le remitiera toda la información que figuraba sobre cada una de las delegaciones. Así halló un informe que lleva por nombre “Informe Abril 2017”, en el que se lista a distintas organizaciones. El exjefe de la delegación Bahía Blanca reconoció haberlo hecho en 2015 y que, año a año, se “maquillaba”, es decir, se mejoraba o actualizaba. “Ese archivo se mandó a Buenos Aires a la Dirección de Reunión Interior y la idea era tenerlo como modelo, como documento de consulta para futuras investigaciones”, declaró en el juzgado de Dolores. Lo que decía es que ese listado funcionaba como un libro de antecedentes de posibles sospechosos.
Vigilades
El listado de entidades a monitorear incluye desde organizaciones de derechos humanos –como HIJOS o la subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur (UNS) o la agrupación La Watu — hasta sindicatos docentes y otros gremios, pasando por organizaciones políticas e incluso agrupaciones juveniles. Algunos de los perfiles hechos a sus referentes sorprenden por su juventud.
“HIJOS aparecía muchas veces en las movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más se movían, entonces dijimos: ‘Bueno, a ver, vamos a ver el Facebook de HIJOS, quiénes están ahí”.
“Está Fulano, Fulano y Fulano. Bueno, listo, metelos’. Nada más”, le explicó Coll a Ramos Padilla. De todos modos, el informe de la AFI consignaba incorrectamente a Eduardo Hidalgo, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, como dirigente de la agrupación que reúne a hijos e hijas de víctimas de la dictadura.
“Eduardo es un referente de vida para nosotros”, dice Alejandra Santucho, de la agrupación HIJOS Bahía Blanca, a PáginaI12. “Por más burdo y nefasto que sea el seguimiento, en este país murió mucha gente por este tipo de listas y todavía estamos tratando de lograr algo de justicia. Estas listas ya están hechas. Hoy seguimos revisando listas de los ‘70 y por supuesto que este espionaje es gravísimo”, agregó.
Cuando se conoció el procesamiento dictado por Ramos Padilla, Alejandra y otros compañeros de militancia estaban escuchando justamente a Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) declarar en el juicio por crímenes de la Triple A sobre cómo funcionaba el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). En una resolución anterior, Ramos Padilla había comparado la extensión de las bases AMBA con la DIPPBA — que funcionó entre 1956 y 1998.
Eso le pasó a Gabriel Cena, comunicador e integrante de la radio comunitaria FM De la Calle, que se fundó en agosto de 1989 y viene siendo de interés para los servicios bahienses desde entonces. “A finales de los ‘90 quienes eran parte de la radio aparecían en los archivos de la DIPPBA. Ahora nos tocó a los que entramos después de 2000. No es novedoso, pero no le quita ninguna gravedad”, le dijo Cena a PáginaI12.
El otro gran foco de interés de la AFI de Bahía Blanca es la Universidad y Coll, en su declaración indagatoria, vinculó este afán de conocer con la actividad por los juicios de lesa humanidad — que se han celebrado siempre en sede universitaria. “Bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se iniciaron los juicios por lesa humanidad o estuvieron presentes, sí, lógico. Eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente quiénes participaron en qué actos listo”, relató el exjefe de la delegación ante el juez.
Las narices de la AFI estuvieron inevitablemente metidas en la UNS, porque en el listado aparecían referentes del gremio docente universitario, pero también porque se encontraron listados de quienes participaron en las elecciones en 2016, que incluían el número de documento y de legajo.
El largo brazo de la justicia
En su declaración indagatoria, Coll también contó que trabajaba codo a codo con la justicia federal de Bahía Blanca. Dijo que en el marco de la investigación contra Juan Ignacio Suris — acusado de liderar una asociación ilícita para evadir impuestos en la que se lo vinculó con Lázaro Báez –, él mismo fue a llevarle documentación a Santiago Ulpiano Martínez, quien por entonces se encontraba a cargo del juzgado federal 1 de Bahía Blanca, en carácter de “colaboración”. Según consignó Ramos Padilla, Coll dijo que remitió informes a la subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani, con información que le facilitaba el propio magistrado.
Martínez es actualmente el fiscal a cargo de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Su actuacion fue fuertemente criticada en el expediente por las querellas y el procurador interino Eduardo Casal incorporó a otros dos fiscales para enderezar la actuación del Ministerio Público, Andrés Heim y Horacio Azzolin.
Por el caso Suris, terminó con una causa el secretario del juzgado, Álvaro Coleffi, a quien acusaron de violación de secretos por las filtraciones de escuchas en un medio local. A Coleffi lo terminaron absolviendo en mayo del año pasado, después de que el propio fiscal dijera que no había elementos para acusarlo. Su defensor sostuvo que la causa fue direccionada contra Coleffi para no indagar en otros dos actores que podrían haber estado involucrados en las filtraciones: la Delegación Departamental de Tráfico de Drogas Ilícitas de la Bonaerense y la Dirección de Observaciones Judiciales — la oficina de escuchas, más popularmente conocida como la Ojota — de la entonces Secretaría de Inteligencia.
La mala racha de Coleffi arrancó después de dos decisiones importantes que tomó en 2014 mientras subrogaba el juzgado de Bahía Blanca: llamar a indagatoria al dueño de La Nueva Vicente Massot para responder por su posible vinculación con delitos de lesa humanidad y procesar por encubrimiento a monseñor Guillermo Garlatti al excapellán Aldo Vara, quien se escapó a Paraguay cuando se lo investigaba por crímenes durante la dictadura.
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