Franco Mizrahi
infonews
Un documento secreto, al que accedió Tiempo Argentino en exclusiva, revela el Plan de la dictadura para esconder los crímenes que la superioridad aplicó contra su propia tropa durante la guerra de Malvinas. Lo firmó el teniente general Cristino Nicolaides, entonces comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la contienda bélica y con el informe que realizó la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur –donde constaban las torturas– en la mano. El material fue encontrado durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido que ordenó la presidenta Cristina Fernández, el 2 de abril pasado. No fue la única perlita descubierta. También se hallaron nuevos casos y pruebas que los ex combatientes presentarán en los tribunales federales de Tierra del Fuego en los próximos días.
La orden
Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales y suboficiales aplicaron a los conscriptos en un escrito que dirigió al Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca” en los últimos días de 1982. A la hora de impulsar una investigación interna en aquel comando ordenó que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias. En los casos en que eso sea imposible por la gravedad del hecho dictaminó que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema. Se trató de una orden que se impartió hacia las estructuras militares del Ejército que participaron del conflicto bélico: las unidades y brigadas del I Cuerpo; el III Cuerpo; y el V Cuerpo de Ejército que viajaron a las islas.
La orden de Nicolaides al comandante del V Cuerpo fue clara y contundente: “En los casos (…) en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura”, afirmó en el punto 2 de su escrito. “Cuando excepcionalmente, se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello al Comandante en Jefe del Ejército, quien decidirá sobre el particular”, añadió.
Atento al escándalo que podría producir en la sociedad la difusión de las aberraciones que sufrieron los soldados –en un momento delicado para los genocidas que procuraban conservar el poder–, Nicolaides pidió la “adecuada reserva” del caso “de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”. Para eso, destacó, “resulta de particular importancia la selección de las medidas probatorias que se arbitren”. En los documentos secretos los militares hicieron mucho énfasis en qué pruebas tener en cuenta para reconstruir los hechos.
Las torturas que ordenó ocultar el jefe del Ejército son las mismas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió soslayar el 19 de febrero pasado al no darles carácter de delitos de lesa humanidad y dejar que prescribieran. Esta decisión derivó en que los ex combatientes presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia.
La onda expansiva
Otro documento confidencial, fechado el 12 de enero del ’83, refleja que la orden de Nicolaides fue descendiendo por las diferentes estructuras castrenses que estuvieron en las islas. El titular del V Cuerpo del Ejército le remitió al Comandante de la IX Brigada de Infantería la orden de su superior y orientó el trabajo que debía hacer a la hora de impulsar las investigaciones internas sobre las torturas: “A fin de que se cumplimente lo ordenado por el Comandante en jefe del Ejército” resaltó la necesidad de “poseer a priori el medio probatorio que asegure arribar a un resultado concreto y esclarecedor del hecho”. Es decir, que se garantice la impunidad de los victimarios. Para eso insistió en la “moderación en la represión disciplinaria del hecho”. Para no dejar lugar a dudas, en el punto 3 de su escrito, Miguel Alfredo Mallea Gil, general de Brigada y Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, pidió que “de resolverse la imposición de medidas disciplinarias, deberá previamente requerirse opinión al suscripto”. Resaltó “la clara orientación del punto 2” que dictaminó Nicolaides.
Los militares pretendieron ocultar los asesinatos, estaqueamientos, torturas y vejámenes que se ejecutaron en el archipiélago austral mientras el fuego enemigo acechaba. Muchos de esos delitos fueron denunciados penalmente por los ex combatientes en el 2007, en el juzgado federal de Río Grande. El caso creció hasta convertirse en un expediente con más de 120 denuncias, 150 casos y 73 acusados. En febrero pasado, la Corte falló sobre una cuestión de forma en uno de los casos que le llegó y obturó toda la pesquisa. “La firma de Lorenzetti tiene la misma implicancia que la de Nicolaides”, afirmó Ernesto Alonso, presidente de la comisión nacional de ex combatientes, a Tiempo. Por eso, los ex soldados apelaron la decisión ante la CIDH con el apoyo de la presidenta.
Nueva prueba
En los archivos desclasificados surgieron nuevos casos y pruebas que serán presentadas a fines de este mes o principios de setiembre en los tribunales federales de Tierra del Fuego. “Se encontraron nuevos casos de torturas. Muchos de los acusados aparecen denunciados nuevamente. Se sumaron casos de ‘muertes por accidente’; de hambruna”, explicó Alonso a este diario. Por caso, entre las aberraciones que ocurrieron en el V Cuerpo de Ejército se encontró la que padeció un soldado (cuya identidad se reservará) a quien en reiteradas oportunidades le ataron los pies y las manos a la espalda y lo colocaron de cara al suelo sobre la arena mojada, bajo un frío polar y en plena guerra, durante 8 horas por expresa decisión del teniente de su sección. Al mismo ex combatiente, un sargento del mismo regimiento le propinó una patada en los testículos, agresión por la que sufrió un derrame y debió ser operado. Ese era el trato que los militares de la dictadura les daban a sus soldados en medio de la guerra. El acopio de comida para beneficio personal en detrimento de su tropa es apenas una anécdota ante semejante maltrato.
Ante la avalancha de denuncias que realizaron los combatientes al regresar de las islas en las actas de recepción que debieron firmar en Campo de Mayo, el Ejército desarrolló las mentadas normas de tramitación de las acusaciones. La gran mayoría debía concentrarse, tras la investigación correspondiente, en el Comando en Jefe de la fuerza cuya posición quedó más que clara en el escrito de Nicolaides. Además, en la instrucción castrense no se citaba a declarar a las víctimas por expresa orden del jefe del Ejército, sólo se utilizaba la denuncia que habían hecho los soldados por escrito y firmado al pisar el continente. Ante este escenario, al ser citados, los victimarios negaban los cargos en su contra. Como no había una réplica, en muchas ocasiones el Ejército cerraba el “trámite administrativo” porque no podía “constatarse el hecho”. Eso fue lo que sucedió en el mentado caso del soldado que fue atado y pateado. Y en tantos otros. La nefasta orden de Nicolaides fue aplicada con disciplina militar.
“Se hacía declarar a los soldados bajo presión”
“Cada vez hay más certezas de lo que denunciamos”, indicó Ernesto Alonso a Tiempo. “Hubo órdenes precisas de dejar la sanción de las torturas en una acción disciplinaria”, dijo. Y afirmó que “hubo instrucciones de la Inteligencia Militar anteriores a la rendición para desplegar una estrategia para la recepción de soldados”. Se trató de una forma de contención que creó la dictadura para administrar la información que podía perjudicarla. Los ex combatientes volvían desnutridos y dispuestos a contar todas las torturas que sufrieron. “Por eso se creó el CARI (el centro Asistencial de Recuperación Integral), que se conformó en Campo de Mayo. Allí nos tomaban una declaración”, dijo Alonso. Y lo hacía personal de inteligencia. “Se hacía declarar a los soldados bajo presión y amenazas”, contó el presidente de la comisión nacional de ex combatientes. Aquellas denuncias que filtraba la inteligencia militar eran las mismas que el Comandante en Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, ordenó investigar lo menos posible. En caso de encontrar culpables, el jefe de la fuerza determinó que se los pene solo con sanciones disciplinarias. “Se armó todo para tratar de exculpar a los victimarios”, concluyó Alonso.
El caso de Silvio Katz
En los pocos casos que el Ejército halló culpable a un oficial o suboficial por torturas contra su propia tropa, la pena que ordenó no superó unos pocos días de arresto. Eso fue lo que sucedió con el teniente Flores Anodino que torturó al ex soldado Silvio Katz y a otros ex combatientes que también aparecen en los documentos desclasificados acusando al oficial. “A los que no eran judíos, Flores Ardoino les hacía poner sus manos y pies en agua congelada. A mí me metía hasta la cabeza. Y me orinaron estando estaqueado”, denunció quien integró el Regimiento 3 de La Tablada y tenía 19 años cuando lo enviaron a las islas.
En declaraciones a este diario en abril pasado, Katz recordó su paso por la guarnición militar de Campo de Mayo donde fue retenido para mejorarles su imagen. “Me quisieron hacer firmar un papel a mi regreso de la guerra en el que debía decir que todo había estado bien. Me negué”, relató. “Me habían amenazado con que no iba a salir más de Campo de Mayo, adonde nos habían llevado para ponernos en forma. Yo estuve entre una semana y diez días. Había bajado 20 kilos por lo menos en Malvinas”, contó.
Su testimonio se incorporó en 2009 a la denuncia que iniciaron los ex combatientes en el 2007 y que la Corte obstaculizó en febrero pasado. “El Ejército que desapareció gente fue el mismo que fue a Malvinas”, sentenció. Y pidió justicia para que Flores Anodino sea juzgado: “Tiene la misma medalla y pensión que yo. No merece ser tratado de igual manera: fue a Malvinas a torturar y no a combatir”, dijo.
