Frente a la serie de atropellos a las garantías constitucionales que se viven en la provincia de Jujuy, la Secretaría de Derechos Humanos y ex combatientes de Malvinas presentaron un habeas corpus para “el resguardo preventivo de la integridad física y la libertad ambulatoria” de abogados sobre quienes pesan órdenes de detención.
El titular de esa cartera, Horacio Pietragala Corti, radicó la acción ante la Justicia Federal de Jujuy a favor de los abogados Néstor Ariel Ruarte, René Vicente Casas, Roberto Carlos Aleman y Alicia Chalabe, cuyas detenciones fueron impulsadas por el gobierno de Gerardo Morales bajo la figura de “sedición”.
Se los acusa también de otros supuestos delitos en el marco de las protestas contra la cuestionada reforma constitucional jujeña, que movilizó a toda la provincia en denuncia por el avance contra las garantías individuales y comunitarias que significó su sanción.
Además, la secretaría extendió el habeas corpus en favor del abogado Alberto Nallar, “quien ya fue privado de su libertad y se desconoce su paradero”.
“La sede de la delegación de la Secretaria de Derechos Humanos en Jujuy ha recibido en las últimas semanas numerosas y graves denuncias del accionar de la policía de la provincia y en algunos casos incluso de funcionarios judiciales”, sostuvo la presentación realizada por Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos, y Paula Álvarez, del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia.
Los abogados sobre quienes pesan órdenes de detención “son algunos de los que han ejercido la defensa justamente de esas personas”, añadió.
“La única vinculación que encontramos entre una posible orden de detención y estos cinco letrados es su intervención como abogados defensores de muchas de las personas que fueron criminalizadas por protestar y que están enfrentando procesos contravencionales y penales en el marco del poder judicial de la Provincia de Jujuy”, sostiene el escrito.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Ernesto Alonso, formuló una presentación similar en favor de los abogados para “amparar el derecho constitucional a la libertad, y a ejercer la profesión”.
Alonso denunció “gravedad institucional” y calificó a los abogados “como víctimas aun latentes del actuar al margen de la ley de jueces, fiscales y policías de la provincia de Jujuy”.
