SINDICALES//NACIONALES// Fuente. Sonido Gremial // Tres Lineas
La campaña #NomasSillasalReves llegó a Change para sumar a que la política entienda la importancia del sector.
La situación del sector gastronómico, a poco de cumplirse ocho meses de actividad casi nula, apremia tanto a trabajadores, hilo más delgado de la cadena, como a empresarios que recaudaron lo suficiente para, en muchísimos casos, cerrar sus puertas.
La campaña federal #NomasSillasalReves llegó a la plataforma change.org y busca reunir las firmas necesarias para incentivar políticas que se orienten a la reactivación de un sector profundamente golpeado.
Tanto el histórico gremio gastronómico –UTHGRA-, que conduce Luis Barrionuevo, como cámaras empresarias, acusan la pérdida del 75% del trabajo, mientras que Argentina registra una merma del 20 por ciento.
La Gastronómica emplea a más de 350.000 trabajadores y pertenece a una familia de la que “más del 80% de quienes son gerentes de un local iniciaron su carrera dentro de la industria, habiendo incorporado conocimientos sobre procesos productivos, compras, ventas, atención al cliente, manejos contables, desarrollo de personas, reflejando la mirada formativa que el sector practica”. La nostalgia ataca a la actividad pero en la actualidad, cala aun más profundo en la situación socio-económica de miles de mesas argentinas.
Esparcimiento, distención y trabajo
El sector también muestra a las claras lo que la pandemia, acompañado de las políticas de cerramiento, abruma a la psicología y distención de miles de personas. “Más del 70% de los clientes, dicen utilizar espacios gastronómicos al menos una vez por semana como lugar de trabajo y reuniones”, agregan tanto gremio como empresarios.
Carga fiscal
La actividad es sumamente castigada ya que afirman que “el nivel impositivo es el más pesado de la región de Latinoamérica”. Con un “70% mayor en costo laboral por persona comparado contra los niveles de Chile y un 54% más en el total de carga fiscal”.
UTHGRA y empresarios iniciaron una campaña conjunta que pretende impedir “la extinción” de la actividad
