En el corazón de la selva misionera, la AFIP relevó la situación previsional de la firma yerbatera Demirol S.A. y descubrió que sus
trabajadores viven en condiciones infrahumanas. Entre los relevados había aborígenes, extranjeros y niños que declararon trabajar para la firma, que factura más de veinte millones de pesos al año.
Los operativos se realizaron en localidades de Puerto Leoni y Capioví, donde se encontraron a 59 trabajadores en situación de precariedad en un campo de cosecha de yerba mate, de los cuales el 53% presentaba irregularidades en su condición laboral. Los empleados vivían sin las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad, y en algunos casos con reducción a la servidumbre, recibiendo un jornal promedio de entre 1.200 y 1.600 pesos mensuales.
Según los datos consignados, el encargado del lugar se apellida Mondino. Entre los yerbateros contratados se observó la presencia de dos comunidades aborígenes que se encontraban viviendo en idénticas situaciones de desamparo.
Según pudieron constatar los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), los empleados dormían en un campamento con carpas de plástico en una situación de extrema precariedad. Incluso, se hallaron casos de menores que habitaban ahí y que no tenían padres.
Además, en el predio se pudo constatar que no contaban con energía eléctrica, gas, servicios sanitarios ni agua potable. Según
relataron los trabajadores, tomaban el agua de un arroyo que atraviesa el predio y del que extraen para consumo, limpieza de utensilios y para higiene personal. Durante el relevamiento, se pudo observar que los trabajadores se bañaban en un pozo repleto de agua
estancada.
La AFIP comprobó que los trabajadores no bebían agua potable y se bañaban en un pozo de agua estancada.
En virtud de las condiciones advertidas en ambos campamentos, la AFIP presentó un informe al Juzgado Federal de Eldorado y solicitó una ampliación de la orden de allanamiento para el día siguiente con la presencia de una psicóloga y un asistente social de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando el personal del organismo regresó, se advirtió que los trabajadores habían abandonado el campamento, dejando, incluso, sus pocas pertenencias.
Como resultado del operativo, además, la AFIP resolvió denunciar penalmente a la empresa ante la Justicia e informó al Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación, aplicando la logística propia de la red de trabajo articulado en la lucha contra este flagelo.
