Es el caso BNP Paribas, que tenía una oficina clandestina desde donde sacaron casi US$ 1.000 millones hacia guaridas fiscales. Ex funcionarios y jueces vinculados a Clarín entre los fugadores. Los camaristas Borinsky y Hornos y el fiscal Pleé, todos visitantes de Macri en Olivos, frenan una solución del caso.
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La mayor causa por lavado de dinero y fuga de divisas que hoy transita por los tribunales argentinos corre riesgo de hundirse en la ciénaga de Comodoro Py. Es el caso BNP Paribas, donde quedó al descubierto una fuga de casi 1.000 millones de dólares entre el 2000 y el 2008, con 14 de directivos y empleados del banco enviados a juicio oral, con ex funcionarios y ex jueces (algunos con conexiones con el Grupo Clarín) entre los involucrados en el envío de grandes sumas de dinero que no podían justificar a guaridas fiscales como Miami, Bahamas, Panamá, Curazao, Suiza y Luxemburgo, algunos de los cuales el gobierno de Mauricio Macri buscó proteger. El caso, plagado de pruebas, iba a camino a un juicio oral de muy difícil concreción ya que no hay jueces designados para hacerlo y los principales imputados están en Francia. La fiscala del juicio Gabriela Baigún llegó a un acuerdo para que paguen 15 millones de dólares y se destine el dinero al trabajo social del padre José María “Pepe” Di Paola, pero los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, habitués de Macri en Olivos, frenaron todo.
El BNP Paribas no es un banco cualquiera: está en el puesto 21 entre los bancos más grandes del mundo. En Argentina, al igual que el HSBC, el JP Morgan y otros, el BNP proveía de firmas truchas en guaridas fiscales a las cuales se transfería el dinero y se ocultaba el beneficiario final. Los nombres de los clientes, sin embargo, quedaron al descubierto con esta investigación. Y había de todo.
El caso tuvo un largo derrotero. Hubo una detallada investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del fiscal Carlos Gonella junto a Néstor García Paradiso, que estaba a cargo del área de Fraudes Económicos y Bancarios, que trabajaron en coordinación con los fiscales Sandro Abraldes, Paula Asaro y Horacio Azzolin. El trabajo dejó al descubierto el entramado de fuga y el listado de clientes que querían ocultar su patrimonio a través de una oficina clandestina del BNP Paribas. A pesar de algunas trabas el caso avanzó, se procesó a los directivos del banco responsables de estas maniobras y el caso iba camino a juicio oral.
Las condiciones para el juicio, sin embargo, no eran alentadoras. No por falta de prueba, que es abundante, sino por el propio contexto del Poder Judicial y las características de los acusados. El tribunal Oral en lo Criminal Federal N 6, sorteado para el caso, no tiene jueces designados, van rotando subrogantes de otros tribunales. Imposible para un juicio de esta magnitud. Y los imputados más relevantes, los ex directivos de la sucursal clandestina del BNP Paribas, son franceses, país que no extradita a sus ciudadanos, y era más que dudoso que vinieran por motu propio.
Con este contexto la fiscala ante el TOCF 6 Baigún aceptó una propuesta de los imputados franceses de llegar a un acuerdo. Se comprometían a pagar 15 millones de dólares (su equivalente en pesos al momento que se confirme, hoy unos 4.200 millones de pesos) que serían destinados a la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el padre “Pepe” Di Paola, que entregó un plan de ejecución de esos fondos para niños, jóvenes y mujeres en situación de droga-dependencia . De concretarse sería la mayor reparación en un caso de criminalidad económica de la historia.
La reparación integral está prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal y en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que plantea que se procurará “resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social“.
La fiscala, los acusados, la Unidad de Información Financiera (UIF, uno de los querellantes) y el tribunal estaban de acuerdo, pero el Banco Central (otro de los querellantes) se opuso y el tema pasó a la Cámara de Casación. El fiscal ante Casación Raul Pleé, a contramano de la fiscala Baigún y del principio de unidad de acción del Ministerio Público, apoyó la posición del Banco Central. Y los jueces Borinsky y Hornos rechazaron el acuerdo, con lo que todo quedó estancado. Firmaron el último día antes de la feria judicial.
El derrotero de esta causa y los involucrados permite contextualizar esta decisión y entender las consecuencias de la permanencia en sus cargos de jueces y fiscales que se reunían con Macri en Olivos como Borinsky, Hornos y Pleé, tal como reveló El Destape. Los nombres de este caso de fuga y lavado de dinero están vinculados también a la causa Nisman y al Grupo Clarín. Todo se encadena.
El caso comenzó de casualidad. En otra causa era investigado Rubén Darío Romano por una defraudación millonaria al PAMI. En su agenda personal encontraron anotado “dentro del sistema” y “fuera del sistema” y referencias a las oficinas del BNP. Se hizo un allanamiento el 28 de septiembre de 2007 en el piso 27 de la torre Alem Plaza, en Leandro Alem 855. Lo que descubrieron fue una oficina clandestina del BNP Paribas, que no figuraba en los registros del Banco Central y eso tenía una razón: se dedicaba a la banca privada, a administrar dinero de origen ilegal (evasión, lavado, corrupción) y ocultarlo en guaridas fiscales.
El caso le tocó al juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que en un principio no quiso avanzar. Mientras la UIF y la PROCELAC investigaban y pedían medidas el juez Rappa frenaba el expediente. En junio de 2016 la Cámara del Crimen le irdenó a Rappa que avance. Finalmente Rappa dictó los procesamientos de Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Raúl Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo, Daniel Omar Mónaco, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla. Y ordenó un embargo récord por más de 12.000 millones de pesos.
Los procesamientos fueron confirmados en su mayoría y el caso llegó entonces a juicio oral. Los personajes clave son Phillipe Yves Henry Joannier, director general de la sucursal argentina entre el 31 de enero de 2001 el 2 de mayo de 2006; Christian Marie Francois Giraudon, directora desde el 1 de noviembre de 2008; Christian Armand Agustin Abeillon, director administrativo desde el 1 de enero de 1999 hasta el 21 de diciembre de 2006; y Michel Michael Basciano, que reemplazó al anterior. Estos son los que propusieron un acuerdo, el pago de 15 millones de dólares (su equivalente en pesos, unos 4.200 millones a hoy) en nombre suyo y de los demás acusados que ahora los camaristas Borinsky y Hornos frenaron.
¿Qué razones tienen Borinsky y Hornos para promover el letargo de este expediente?
Fugadores
Los casos individuales de los fugadores generaron desprendimientos que fueron a parar a distintos juzgados en materia penal y penal económico. Cada uno tuvo su propio caminito, la mayoría hacia la impunidad.
Entre los fugadores figura el ex vicecanciller Roberto García Moritán. Se lo podría presentar como el padre del marido de Pampita, pero lo cierto es que fue un personaje clave en la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. García Moritán fue vicecanciller entre 2005 y 2008, pero lo usaron para declarar en la causa donde fue denunciada Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman por el Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, 5 años despues de que dejara la cancillería. Los jueces que reabrieron esa causa fueron Borinsky y Hornos, que ahora también empantanaron el caso BNP. Casualidades.
García Moritán padre tenía cuentas en Suiza que no incluyó en sus declaraciones juradas entre el 2001 y 2008, mientras era funcionario. En una cuenta tenía 364.000 dólares y en otra más de 500.000. En 2022 el juez Ariel Lijo lo condenó a un año de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por omitir ese dinero en sus declaraciones juradas como funcionario. La pena fue menor, pero confirmó la investigación central.
Otro caso relevante dentro del expediente BNP Paribas es el del ex juez José Luis Monti, que figuraba con cuentas en el ING Bank NV de Suiza y en el BNP Paribas de Luxemburgo. En el primero había 1.500.000 dólares depositados en 2002. En el segundo, depósitos de 70.000 y 72.000 dolares del 2008. En las maniobras aparece también su esposa, María Carmen Foltyn, Prosecretaria letrada de la Corte Suprema, y cuatro hijos varones. Para zafar tuvo ayuda del gobierno de Macri y de la cofradía de Comodoro Py.
Monti integraba la sala C de la Cámara Comercial. Junto a Juan Garibotto y Alfredo Kolliker Frers falló sistemáticamente a favor de Papel Prensa, empresa robada por Clarín durante la dictadura empresario-militar. Un trabajo del Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica (CIPCE) reconstruyó lo siguiente: “Estos magistrados revocaron la intervención judicial de Papel Prensa dispuesta en primera instancia y varios fallos favorables a la Comisión Nacional de Valores. Cuando la fiscal general Alejandra Gils Carbó apeló el fallo sobre la coadministración judicial, Monti y sus colegas la descalificaron aduciendo que atribuía al Estado Nacional facultades supralegales, emulando ‘la estructura de los controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi’. El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, respaldó a Gils Carbó, porque los camaristas ‘han quebrado el papel neutral que debe desempeñar el juez en el proceso’, y solicitó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura la promoción del juicio político del ahorrista suizo y de sus colegas de sala“.
El caso de Monti recayó en el Juzgado Federal N 9, interinamente a cargo del juez Sergio Torres. Es el juez que nunca avanzó en la investigación por lavado de dinero de más de 200 empresas denunciada por el ex directivo de la JP Morgan Hernán Arbizu. El fiscal de turno era Guillermo Marijuan. En primera instancia, el ex juez Monti logró su sobreseimiento y el fiscal Marijuan no apeló. Primaba la protección corporativa.
Por el contrario, la UIF si impulsó la investigación. Pero con la llegada de Macri se produjo la salida de José Sbattella del organismo y la designación de Mariano Federici, que decidió retirar el recurso interpuesto por la UIF contra el sobreseimiento del ex juez Monti. Un dato: junto a Federici asumió Maria Eugenia Talerico, ex oficial de cumplimiento del HSBC, otro delos bancos dedicados a la fuga y ocultamiento de cuentas en Suiza. Otro dato: una de las designaciones en la UIF macrista fue la de María Celeste Pleé, hija del fiscal que ahora también bloquea la resolución de este caso. Un dato más: el fiscal Pleé fue el antecesor de Gonella en la procuraduría antilavado. En 10 años no encontró casos en la Argentina.
Con esa maniobra de la UIF macrista la Cámara Federal no tuvo otra opción: los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler dieron por desistido el recurso el 23 de febrero de 2016. Es el mismo día que la jueza Macarrena Marra Giménez levantó la cautelar que le impedía a Macri convertir Buenos Aires en un paraíso fiscal, un proyecto que le frenó primero Gils Carbó y donde luego intervino la fiscala Gabriela Boquín. Más casualidades.
Las conexiones con el macrismo en este caso no terminan en Federici. En esta causa, quien defendió al ex juez Monti fue el Estudio Gil Lavedra & Romero Acuña, del cuál es socio Ricardo Gil Lavedra, el operador judicial todoterreno de Macri, desde la persecución al grupo Indalo hasta la inquisición contra Milagro Sala. Gil Lavedra también tenía buena parte de su patrimonio en Suiza. Todo se encadena.
Otro caso notable es el de Andrés Vázquez, ex director de la zona sur metropolitana de la AFIP. Según el CIPCE fue “uno de los jefes de los doscientos inspectores fiscales que el 10 de septiembre de 2009 no dejaron papel sin dar vuelta en la sede central del Grupo Clarín“. Según la PROCELAC “los registros informáticos en la oficina clandestina del banco sugieren que entre 2004 y 2006 Vázquez y su hermana Silvia Mónica mantuvieron entre U$S 442.113 y U$S 460.491 en la Isla de Curazao, en una cuenta del ING Bank; y luego, a partir de 2006, al menos la suma de U$S 461.000 en Luxemburgo“.
También figuraba entre los clientes del BNP Paribas Carlos Sueiro, hasta hoy secretario general del Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA). Según la PROCELAC, “los registros informáticos obtenidos en el allanamiento de la oficina clandestina de BNP Paribas revelan que Sueiro compartió una cuenta con U$S 202.000 en el ING Bank de Suiza con María Cruz Juanes Hernández –ex titular del Juzgado nacional de Primera Instancia del Trabajo de Capital Federal n°5- y María Eugenia Sueiro. En tanto, a partir de 2006 mantuvieron al menos U$S 211.000 en una cuenta del BNP Paribas de Luxemburgo“.
La mayoría de los casos, como no eran funcionarios públicos, recayeron en la justicia Penal Económica y quedaron en la nada. De los que fueron a Comodoro Py el único condenado fue García Moritán.
fuente el destape
