La CTA denuncia la política exterior de Javier Milei por entregar la soberanía de las Malvinas

La CTA expresó su más enérgico rechazo a la política exterior del gobierno de Javier Milei en relación a las Islas Malvinas. En un comunicado, la CTA denunció el reciente acuerdo firmado en Nueva York entre la canciller argentina, Diana Mondino, y su homólogo británico, David Lammy, que según la organización, otorga prerrogativas neocoloniales al Reino Unido y compromete gravemente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

 

 

La CTA sostuvo que este acuerdo es ilegal y vulnera no solo la Constitución Nacional, sino también las leyes vigentes y resoluciones internacionales que respaldan el legítimo reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como las aguas del Atlántico Sur. La Central acusó al Gobierno de facilitar la injerencia británica en la región, lo cual pone en peligro la política exterior argentina y el reconocimiento de los derechos soberanos.

En su comunicado, la CTA comparó el acuerdo con el repudiado pacto Foradori-Duncan firmado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, calificándolo nuevamente como una «entrega» de la soberanía nacional. Además, denunció que esta nueva postura insulta la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas y beneficia a la estrategia británica para consolidar su presencia en las islas, impidiendo, entre otras cosas, la identificación de los cuerpos de soldados argentinos.

La organización exigió la intervención inmediata del Congreso Nacional, recordando que el artículo 75 de la Constitución otorga a los legisladores la facultad de aprobar o rechazar acuerdos internacionales que afecten los derechos soberanos del país. Según la CTA, el Congreso debe actuar con rapidez y responsabilidad para evitar lo que consideran un atropello a la soberanía argentina.

Finalmente, la CTA alertó sobre la existencia de una base militar de la OTAN en las Malvinas, que refuerza la influencia estadounidense en la región. Para la central, la política de sumisión del gobierno actual representa una grave amenaza para las riquezas marítimas y recursos naturales del país, consolidando la entrega de estos recursos al Reino Unido.

 

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