El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y anunció que los sindicatos también estarán obligados a brindar información a los ciudadanos que la requieran.
“Toda organización que recibe fondos públicos esta sujeta a esta ley. La información que se brinda es en función del fondo público que están recibiendo”, afirmó el funcionario nacional, en el Anexo de la Cámara baja, donde se reunieron en plenario las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para empezar a tratar la iniciativa.
Adrián Pérez señaló que, además de los sindicatos y los tres poderes del Estado, deberán brindar información el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, las universidades y las empresas privadas con participación del Estado, entre otras instituciones.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, afirmó que el jueves de la semana próxima se emitirán dictámenes sobre la ley y expresó su deseo de lograr un “dictamen único” del oficialismo y la oposición.
Sin embargo, durante el debate de este jueves el kirchnerista Marcos Cleri sostuvo que “con seguridad” el bloque del Frente para la Victoria-PJ presentará un “dictamen propio”, aunque anticipó el apoyo de esa bancada a la ley.
El objetivo del oficialismo es tener listos los dictámenes para tratarlos en la sesión de la Cámara baja prevista para el miércoles 4 de mayo.
Pérez señaló que el proyecto del gobierno de Mauricio Macri se basa en cuatro principios: la celeridad, “para que rápidamente el Estado pueda responder a quienes piden información”; la publicidad; la gratuidad, y la informalidad, “para que cualquier ciudadano con sólo la identidad y el contacto” pueda obtener la información, “sin otro documento que presentar”.
Indicó que los pedidos de información podrán hacerse a través de internet y aseguró que serán “trámites rápidos”.
Pérez resaltó que en la Cámara de Diputados “hay más de 80 iniciativas” sobre Acceso a la Información Pública y “la primera de ellas fue presentada en 1996 por Elisa Carrió”, de la Coalición Cívica-ARI, pero también hay proyectos de las radicales Karina Banfi y Carla Carrizo; la líder del GEN, Margarita Stolbizer; la massista Graciela Camaño y los kirchneristas Luis Cigogna y Diana Conti, entre otros.
El funcionario, que renunció a su banca de diputado por el Frente Renovador para asumir en el gabinete del ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, señaló que ante “respuestas inexactas, a medias o no respuestas” a pedidos de información la ley establece “vías de reclamo” administrativas y judiciales, “mediante la presentación de amparos”.
Señaló que la iniciativa prevé la creación de “una autoridad de aplicación de la ley por cada poder” del Estado, así como la creación de un “Consejo de la Transparencia con representantes de todas las provincias para evaluar el seguimiento de la norma y
aplicar modificaciones”.
“Tenemos un capítulo de lo que llamamos Transparencia Activa muy ambicioso. Todas las áreas del Estado deberán brindar información en sus páginas web referida a la estructura, las funciones, la nómina del personal, las escalas salariales, las declaraciones juradas, el presupuesto, las contrataciones, las licitaciones, las obras públicas”, afirmó Pérez.
Señaló que la ley también prevé eximir de la obligación de brindar información a aquellos “órganos del Estado que tienen competencia de investigar”, por lo cual “ese material obviamente estará resguardado”.
Entre esos casos, mencionó a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El funcionario expuso el proyecto junto al subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización, Rudi Werner Borrmann; la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, y la secretaria de Asuntos Parlamentarios, Paula Bertol.
El jueves de la semana pasada el presidente Macri envió al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que obligará a los tres Poderes del Estado a brindar información a cualquier ciudadano que lo solicite y que prevé sanciones para el funcionario que se niegue a proporcionarla.
La iniciativa viene a reemplazar al decreto 1172 de 2003 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner porque esa medida establecía el acceso a la información sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto enviado por Macri abarca a también al Legislativo y al Judicial y otras instituciones que tienen participación del Estado.
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