La Justicia Comercial de Quilmes abrió el proceso para la metalúrgica Depofer SA, que arrastra causas penales por la presunta transferencia de bienes a otras sociedades y por el encubrimiento de 67 caños del Gasoducto del Noreste Argentino. Los acreedores podrán verificar sus créditos hasta el 1° de febrero de 2027 y la audiencia informativa se fijó para octubre del año próximo.
La empresa metalúrgica Depofer SA, con domicilio social en Camino General Belgrano al 4990 de Quilmes, quedó formalmente en el centro de la escena judicial tras la apertura de su concurso preventivo. La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 del Departamento Judicial de Quilmes a través de una resolución dictada el 26 de agosto de 2026, en el expediente caratulado «Depofer SA s/Concurso Preventivo (Grande)», según informó el portal Diario 5 Días. El pedido había sido presentado el 18 de agosto por la propia firma, que busca ordenar su situación patrimonial frente a sus acreedores.
El tribunal designó como síndico al estudio Ruiz, Rivero & Garobbio – Asociados, integrado por los contadores Ángel Ruiz, Ceferino Luis Rivero y Omar Ezequiel Garobbio. Según el cronograma judicial, los acreedores con créditos originados antes de la presentación del concurso deberán solicitar su verificación ante la sindicatura hasta el 1° de febrero de 2027.
Las impugnaciones se recibirán hasta el 17 de febrero, el informe individual de la sindicatura se presentará el 6 de abril y el informe general el 18 de mayo. El período de exclusividad finalizará el 2 de noviembre de 2027, mientras que la audiencia informativa está prevista para el 26 de octubre de 2027 a las 10 de la mañana.
La apertura del concurso no implica por sí misma la quiebra de la empresa ni determina responsabilidades penales, pero coloca a Depofer nuevamente bajo la lupa de la Justicia. La firma arrastra una historia judicial que se remonta a 2016, cuando integrantes de la familia Rigiracciolo denunciaron un supuesto vaciamiento de la metalúrgica. La investigación penal alcanzó a empresarios vinculados a la firma y derivó en la detención de José Rossi, quien permaneció privado de su libertad a la espera del juicio oral, y de su hijo Matías Rossi.

La causa investiga delitos como defraudación, administración fraudulenta, suscripción engañosa de documentación, coacción agravada y asociación ilícita, y apunta a una presunta transferencia de bienes y materiales de Depofer hacia otras sociedades vinculadas a los acusados.
Uno de los capítulos más relevantes de esta historia judicial es el robo de materiales del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una obra pública que quedó paralizada en el norte del país. En junio de 2020, un operativo de Gendarmería localizó en un predio de Quilmes 52 caños de acero sin costura que habían sido retirados de la obra, y otros 15 fueron encontrados posteriormente en un depósito de Berazategui.
Los materiales habían sido trasladados desde Salta y la investigación federal siguió su recorrido hasta depósitos del conurbano bonaerense. En ese expediente, Matías José Rossi fue condenado por la Justicia Federal de Salta a un año de prisión condicional por el delito de encubrimiento de un bien de procedencia ilícita agravado por ánimo de lucro, tras haber sido inicialmente absuelto y luego revocado ese fallo.
El concurso preventivo de Depofer y las causas penales por vaciamiento y robo de caños son expedientes diferentes, aunque tienen como punto de contacto a algunos de los empresarios vinculados a la firma. La decisión de la Justicia Comercial de Quilmes abre una nueva etapa para la empresa, que deberá negociar con sus acreedores y demostrar que puede sostener su actividad, mientras las causas penales continúan su curso y la sombra del vaciamiento y del desvío de materiales públicos sigue pesando sobre la metalúrgica y sus directivos.
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