Después de 18 años y un largo debate, la Legislatura creó ayer por ley la Policía Judicial, que se encargará de investigar delitos complejos, homicidios e ilícitos cometidos por funcionarios, una tarea que hoy está en manos de la Bonaerense.
La institución, que llevará el nombre formal de Cuerpo de Investigadores Judiciales y dependerá de la Procuración General de la Suprema Corte, era una deuda pendiente desde 1994, cuando se introdujo en la Constitución provincial. El Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para nombrar a las autoridades de la nueva fuerza, deberá disponer una “prueba piloto” en el departamento judicial de Mar del Plata en 2013 y estará obligado a ponerla en funcionamiento en toda la provincia en no más de cinco años.
