La UCR está cerca de lograr la reforma laboral regresiva que buscaba y el Gobierno el dictamen que necesita para que empiece a rodar la Ley Bases. Con algunos cambios, como que el «bloqueo» de una planta pueda considerarse causal de despido con justa causa, los rumores aseguran que la mayoría de los radicales acompañarían. Hoy sigue la negociación en el Senado con el recientemente ungido Guillermo Francos como Jefe de Gabinete y el resto de funcionarios.
El oficialismo avanzó en el Senado con la negociación de los cambios que reclaman los sectores «dialoguistas» para aprobar la Ley de Bases y el paquete fiscal. El número de senadores ya contaría con el voto positivo de la mayoría de los radicales. Incluso se cree que le torcerían el brazo a Martín Lousteau que cuestionó fuertemente las medidas.
Funcionarios del Ejecutivo como Victoria Villarruel y el propio Guillermo Francos hicieron la devolución a los pedidos de cambios y dejaron conformes a los senadores de la UCR, que transmitieron predisposición para votar a favor en general a los proyectos con los que cuenta Milei.
Hay artículos que serán cuestionados e incluso rechazados como los que otorgan facultades delegadas al presidente, las privatizaciones de Aerolíneas y el Correo Argentino, el retorno del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, algunos puntos del blanqueo y otros de la reforma laboral.
Desde el radicalismo propusieron restricciones al blanqueo, un nuevo esquema de monotributo social y retoques en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que amortigüen el impacto en la destrucción de la industria nacional que aventuraron en llamar «RIPY», por Pymes, y desde el oficialismo cedieron esos centímetros que, además, les darán aire.
En el capítulo de reforma laboral, el Gobierno tomó el pedido de la UCR para que el bloqueo de una planta pueda considerarse causal de despido con justa causa y por el momento rechazó que la cuota sindical deba contar con el consentimiento de los trabajadores.
De confirmarse este escenario, los textos volverían a la Cámara de Diputados y allí se definirá cuál de las dos versiones se sancionará.
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