Si el juicio político contra el actual presidente paraguayo destituido Fernando Lugo fue, utilizando un moderado tono diplomático, desprolijo e insólito, la actual purga política y simbólica ordenada por el jefe de Estado Federico Franco no se queda atrás en su contenido tragicómico. Sí llamó, en su momento, la atención de la comunidad internacional que el Congreso guaraní esgrimiera argumentos desopilantes en su embestida contra Lugo –como haber firmado “reiterados” tratados de cooperación con el Mercosur o haber organizado un campamento de su fuerza política en un predio del Ejército–, el sistemático descabezamiento de cuadros luguistas de la administración central y la ejecución de medidas propias de una película de Woody Allen por parte de la gestión post golpe parlamentario, como ordenar el retiro de un busto de Simón Bolívar de una plaza pública, deberían hacer pensar que la decisión de la OEA de no condenar a Paraguay también bordea el ridículo.
En principio, el gobierno del liberal Federico Franco decidió desangrar el principal foco de resistencia político que permanecía de pie en el organigrama estatal: la televisión y la radio públicas. Es más, fue en la propia emisora televisiva donde se gestaron los primeros minutos de la “resistencia pacífica contra la dictadura”. Apenas asumido Franco, el informativo con más rating de la TV Pública pusó sus cámaras en la calle donde está ubicado el canal para emitir un Micrófono Abierto y hasta ahí llegó Lugo para estrenar su condición de dirigente derrocado y perseguido. De ahí el motivo de la feroz purga ordenada por el nuevo Ejecutivo contra periodistas contratados o identificados con el anterior gobierno.
