El líder de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, aclaró que las obras sociales «subsisten» gracias a los aportes sindicales de trabajadores y empleadores, denunció la ausencia voluntaria del Estado en el financiamiento de cuestiones críticas como la asistencia para la discapacidad en áreas como educación y transporte y alertó sobre el impacto de la pérdida salarial. Además vaticinó que las consecuencias de esta política las vamos a ver en 10 años.
El secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, encabezó un fuerte diagnóstico sobre la situación actual del sistema de obras sociales durante su participación en el programa de streaming «Imagen de Trabajo», producido por el Sindicato de la Televisión (SATSAID). Acompañado por el ex director de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, y el abogado especialista Oscar Cochlar, Lingeri sentenció: «Hoy estamos viviendo una crisis terminal».
Lingeri repasó la historia del sistema, que tuvo su primera ley durante el gobierno de facto de Onganía, y explicó que muchas obras sociales ya no pueden prestar servicios, otras se dieron de baja y varias se encuentran en situación de prevención, sometidas a auditorías. En ese marco, criticó duramente la ausencia del Estado: «El Estado no existe, el Estado no aporta al sistema de obras sociales. Esto es puramente financiado por el aporte de los trabajadores y empleadores». Además, vinculó la crisis con la pérdida del poder adquisitivo: «Calculamos que la pérdida del salario está en el orden del 30% y en algunos casos mucho más. Esto golpea directamente al sistema y lo hace inviable. Hoy, la mayoría de las obras sociales subsiste por el aporte que se hace de la parte sindical a la obra social».
Por su parte, Luis Scervino profundizó en el rol ausente del Estado y recordó que la ley de obras sociales contempla la posibilidad de que el Estado auxilie, pero que en la historia «en una sola oportunidad el Estado puso plata para las obras sociales, y en la mayor parte de los casos, el Estado se quedó con fondos». También apuntó contra la falta de transparencia en PAMI: «Hoy no tenemos las cuentas claras, de cuánto se pone y cuánto se retiene»
Scervino advirtió sobre consecuencias sanitarias a futuro: «De la gente que hoy deja el tratamiento para la hipertensión, en 10 años veremos un aumento de las enfermedades cardiovasculares», y mencionó una polémica apreciación del ministro de Salud Mario Lugones sobre que «hay demasiadas personas mayores», calificada por Lingeri como «una apreciación cruel que no se ve en ninguna parte del mundo».
El abogado Oscar Cochlar puso el foco en el DNU 70 del gobierno de Javier Milei, que permitió que las empresas de medicina prepaga también reciban aportes y contribuciones. Para Cochlar, esa medida «ha quebrado el principio de ‘solidaridad’ para establecer otro concepto que es el de ‘competencia’». Y explicó: «Nosotros aquí no tenemos competencia, lo que tenemos son personas que necesitan del sistema de salud y que se financian con aportes y contribuciones solidarios porque son porcentajes de salarios. El que gana más, subsidia al que gana menos, el joven al viejo, el sano al enfermo. Ese concepto en estos dos años y medio se ha perdido».
Finalmente, Lingeri abordó la crítica situación del sistema de discapacidad dentro de las obras sociales. Reveló que actualmente «tenemos alrededor de 100 mil personas que se manejan a través del CUD, consumen cerca del 80% del fondo de redistribución». Y reclamó que las prestaciones de educación y transporte deberían estar a cargo de las áreas de competencia estatal respectivas, no de las obras sociales que, consideran, deben responder por las cuestiones médicas. «Nunca se ha tenido en cuenta la presentación de la CGT. Lo hemos discutido en todos los gobiernos», lamentó, al tiempo que cuestionó que en el debate por la ley de discapacidad estuvieran «más preocupados en los costos de los prestadores» que en un tema que, dijo, «estaba hundiendo el sistema de discapacidad en las obras
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