La empresa que fabrica exhibidores y mobiliario comercial para grandes marcas, CAMSA, acumula 427 cheques rechazados y un pasivo que duplica sus activos. La caída de los pedidos, la competencia de productos importados y la falta de financiamiento asfixiaron a la compañía, que emplea a 185 trabajadores y ya enfrenta un conflicto salarial.
La Compañía Argentina de Merchandising (CAMSA), una empresa con más de 20 años de trayectoria dedicada a la fabricación de exhibidores, estanterías y mobiliario comercial para las principales marcas de alimentos y bebidas del país, presentó su concurso preventivo de acreedores con una deuda declarada de $13.029,7 millones frente a activos valuados en apenas $5.383,6 millones. La apertura del proceso fue dispuesta el 19 de octubre por el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de La Matanza, a cargo del juez Agustín Marano.
Entre los principales clientes que la compañía menciona en el expediente se encuentran PepsiCo, Arcor, Quilmes, Grupo Peñaflor, CCU, Cepas Argentinas y Pernod Ricard. Sin embargo, según reconoció la firma ante la Justicia, algunos dejaron de comprarle como lo hacían antes, otros redujeron sus pedidos por la caída del consumo y hubo clientes que se atrasaron con los pagos. La empresa atribuyó su crisis a la recesión, que provocó una «abrupta y prolongada caída de los pedidos» de supermercados, hipermercados, kioscos y almacenes, mientras debía afrontar «la totalidad de sus costos fijos, alquileres, servicios, salarios, cargas sociales, impuestos, sin contrapartida en términos de facturación».
A la caída de la demanda se sumaron el aumento de los costos de materias primas, energía y mano de obra, que no pudo trasladar a los precios de venta, y el impacto de la apertura de las importaciones. CAMSA cuestionó en particular el ingreso de exhibidores, estanterías y componentes plásticos y metálicos de origen asiático, que llegaron al mercado argentino «a precios sensiblemente inferiores a los costos de producción locales». A esto se añadió la pérdida de financiamiento bancario, un problema que la firma considera estructural: en su presentación sostuvo que «el crédito razonable para las empresas PYMES NO existe» y denunció una fuerte reducción de los acuerdos para operar con descubiertos bancarios.
El deterioro financiero se refleja en 427 cheques rechazados por un total de $2.447,9 millones, de los cuales la empresa solo pudo abonar $60,7 millones correspondientes a 18 documentos. El pasivo declarado se desglosa en $4.878,5 millones en obligaciones comerciales, $3.325,8 millones en compromisos financieros y $2.310,2 millones en deudas fiscales; entre las acreencias públicas se destacan $1.483 millones reclamados por ARCA, $115,8 millones por ARBA y $694,4 millones por la Municipalidad de La Matanza.
En el plano laboral, la crisis de CAMSA impacta directamente sobre sus 185 empleados de la planta de La Tablada. La firma reconoció que debió reducir personal y modificar su estructura productiva, mientras los trabajadores denunciaron atrasos en el pago de quincenas y aguinaldos, además de problemas con los aportes, la obra social y los seguros, lo que motivó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Matanza. El concurso preventivo abre ahora una instancia de negociación con los acreedores, pero la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo dependerá de la capacidad de la empresa para reestructurar su deuda y recuperar un volumen de pedidos que hoy parece lejano.
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