El secretario general de la UOM depuesto por la intervención, Abel Furlán, denunció ante la Corte Suprema nuevos hechos que confirmarían el desvío de la intervención de Alberto Biglieri: más de 90 días sin fecha de elecciones, pero con avance sobre la obra social, la negociación colectiva y las cuentas bancarias del sindicato. El dato que enciende las alarmas: la intervención devolvió el manejo de los recursos a Betiana Gorosito, ex presidenta de Donington S.A., la empresa del Grupo Olmos que administró durante más de veinte años, durante la gestión de Antonio Caló, el esquema fiduciario y que los órganos de la UOM habían decidido dejar atrás.
Abel Furlán, como ex representante de la UOM RA, volvió a presentarse ante la Corte Suprema con una denuncia de «hechos sobrevinientes» contra la intervención de Alberto Biglieri. Lo hizo en el marco del recurso de queja por la intervención dispuesta en mayo de 2026, y tomó como prueba central el «Primer Informe Trimestral de Actuación» que el interventor presentó ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para la UOM, ese documento confirma lo que venía advirtiendo: que la intervención dejó de ser un mecanismo excepcional para llamar a elecciones y se transformó en un gobierno de facto que administra, negocia, contrata y define el modelo de gestión del sindicato y de su obra social.
El dato más contundente es el paso del tiempo: Biglieri fue designado para convocar a nuevas elecciones dentro de 180 días, pero transcurrido el primer trimestre no hay padrón actualizado, no hay cronograma electoral y no hay fecha cierta para el comicio. El propio interventor reconoce en su informe que recién «alcanzado un primer nivel de estabilización» la normalización electoral constituye «el objetivo central e inmediato de la próxima etapa». La paradoja que la UOM pone sobre la mesa es brutal: para llamar a elecciones, sostiene que todavía debe completar etapas de normalización; para administrar los recursos, otorgar poderes bancarios, intervenir sobre OSUOMRA, contratar y decidir sobre el patrimonio de los metalúrgicos, en cambio, no esperó a completar ninguna.
Mientras los trabajadores siguen sin poder votar, la intervención ya avanzó sobre OSUOMRA, asumiendo integralmente su dirección y administración, incluso con un Régimen Marco General de Autogestión Prestacional, sobre la negociación colectiva, ejerciendo facultades que el Estatuto atribuye al Consejo Directivo, órgano que no está intervenido, y celebrando acuerdos que se proyectan más allá del plazo de la intervención, como el de FTN Motors S.A. con un sistema de banco de horas por 36 meses, y sobre las cuentas bancarias del sindicato y de la obra social.
El punto más sensible de la denuncia es el otorgamiento de poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco de la Nación Argentina sobre las cuentas de UOMRA y OSUOMRA. La UOM acompañó como prueba el Boletín Oficial de Mendoza del 11 de agosto de 2022, donde consta que Gorosito fue designada Presidenta y Directora Titular de Donington S.A., la empresa del Grupo Olmos que durante más de dos décadas participó del esquema fiduciario utilizado para la gestión de recursos del sindicato. Ese modelo, sostenido durante la gestión anterior de Antonio Caló, fue sustituido por decisión de los órganos democráticos de la UOM: intervino el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional lo aprobó por unanimidad y fue ratificado por el Congreso Nacional de Delegados. Ahora, denuncia la UOM, la intervención recorre «el camino inverso»: mientras las autoridades elegidas permanecen desplazadas, vuelve a colocar en la administración de los recursos al esquema empresario que la organización había decidido dejar atrás.
El caso Gorosito no sería un caso aislado. Apenas iniciada la intervención, Biglieri incorporó a Ariel Raúl Sosa a su Gabinete de Asesores y a cargo de la Obra Social OSUOMRA. La documentación acompañada vincula a Sosa con BASA S.A./Red BASA y estructuras empresarias del Grupo Olmos; antes de la intervención había sido presentado públicamente como responsable de la «dirección de gerenciamiento de la UOM». Para la UOM, ambos casos analizados conjuntamente permiten advertir «una clara vocación de la intervención de recomponer un esquema de administración que había cesado por decisión de los órganos democráticos de UOMRA».
La intervención intenta justificar su avance describiendo una organización desordenada y con mecanismos administrativos poco confiables, pero la documentación presentada ante la Justicia iría en contra de esa descripción: la UOM contaba con un Manual de Procedimiento Administrativo y Contable aprobado por sus órganos estatutarios, sus procesos de recaudación y pagos estaban certificados bajo Norma ISO 9001:2015, y los balances muestran que durante los cuatro años de la conducción desplazada se generaron USD 16,5 millones en nuevos ahorros, el ejercicio 2025 registró una ganancia superior a $10.700 millones y la gestión Furlán duplicó el patrimonio neto del sindicato. También se rechaza que se hubiera entregado a USEM el manejo discrecional de los fondos: las decisiones permanecían en la UOM, las seccionales administraban sus cuentas y el Banco Nación ejecutaba los pagos como fiduciario.
La UOM solicita a la Corte que tenga por denunciado el informe como hecho sobreviniente, que rechace las conclusiones sobre supuestas irregularidades de la gestión desplazada, que tenga presente el otorgamiento de poderes bancarios a Gorosito, la designación de Sosa y la ausencia de fecha cierta para las elecciones, que reitere el pedido de suspensión de los efectos de la sentencia del 22 de mayo y que imprima tratamiento urgente a la queja.
El escrito cierra con una definición que resume la posición del sindicato: «La herramienta supuestamente creada para restablecer la democracia sindical comienza a sustituirla».
INFOGREMIALES
