Los empleados de los tres Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que funcionaban en Rosario denunciaron que desde el viernes pasado comenzaron a recibir telegramas de despidos que confirmaron lo que ya sospechaban: la decisión del gobierna nacional de cerrar todos los CAJ del país.
“El viernes comenzamos recibir los telegramas que confirmaba lo que sospechábamos. Fuimos despedidos todos los trabajadores sin ningún tipo de preaviso. Sólo nos anunciaron que a partir de ese momento cesábamos en nuestras funciones”, señaló Jéssica Venturi, abogada y una de las trabajadoras despedidas en Rosario al programa “Todos en la 8”.
“Nosotros no sólo queríamos mantener nuestros trabajos sino también mantener abiertas las puertas de la institución. Entendemos que nuestro trabajo aporta en la resolución cotidiana de cualquier tipo de problemática que tienen los vecinos”, sostuvo Venturi.
La abogada remarcó que en los CAJ “se trabaja en el acceso de los ciudadanos a sus derechos en general. Lo que intentamos es el acceso a todos los derechos. Por eso coordinamos nuestro trabajo con muchísimas instituciones municipales y provinciales en el acompañamiento a los vecinos en la resolución de sus problemas”, agregó.
Lo mismo ocurrió en los distintos centros del interior de país y en todos la metodología es la misma. El agravante, insólito, es que la decisión del gobierno de cerrarlos, obliga a los trabajadores a viajar a Buenos Aires para cobrar el último sueldo.
