El asesinato de Cristian Ferreyra dejó al descubierto el hostigamiento que sufren miles de campesinos indígenas para que abandonen sus tierras. Cómo funcionan las patotas de matones a sueldo que trabajan para empresarios.
El campesino indígena Cristian Ferreyra (23) almorzaba el miércoles último con su familia en la casa de su cuñado César Godoy (31), en Campo de Mayo. Es un paraje donde vive la comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, departamento de Copo, en Santiago del Estero. Son unas 800 familias que se autoabastecen y crían ganado en tierras ancestrales del pueblo lule-vilela, que hoy son el botín de terratenientes que buscan ampliar la frontera sojera. Luego de la comida, los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) harían una asamblea para debatir sobre una denuncia que presentarían en la Dirección de Bosques provincial. El motivo: el desmonte que estaba concretando en esas tierras un empresario santafesino, Jorge Ciccioli, a fuerza de hostigamiento y violencia. Precisamente un rato antes, Ferreyra y Godoy le habían exigido a Mario Abregú, miembro de un grupo de choque, que terminara con el “labrado de postes”. Su hermano Carlos Abregú y Javier Juárez llegaron en moto a la casa de Godoy, que salió del rancho sin presagiar el desenlace. Lo siguieron Cristian y Sergio Ferreyra, su tío.
